El vandalismo pictográfico urbano está alcanzando monumentos clasificados como integrantes del acervo del Patrimonio Histórico Cultural de los potosinos y los mexicanos, sin que hasta el momento y a pesar de la expansión y profundidad de este fenómeno, las autoridades federales, estatales y municipales, hagan algo para rescatarlos.
Sobre la Calle de Abasolo, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, donde obra una declaratoria de la UNESCO de Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad, en el entorno del denominado Camino Real de Tierra Adentro, que alcanza a San Luis Potosí y concluye en Alburquerque, Estados Unidos, resultó afectado por los grafiteros urbanos el viejo Teatro Alarcón.
El inmueble construido por los trabajadores mineros, además de las pintas sobre el maderámen de sus puertas, muestra un estado de abandono y humedad que pone en evidencia los programas de protección, conservación y restauración de diversos organismos y dependencias públicas federales, estatales y municipales, como la Dirección de Patrimonio Municipal, la Secretaría de Cultura del Estado y las federales CONACULTA e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Además del agravio al Teatro Alarcón, se advierte, a lo largo de esta y otras calles del Centro Histórico el paso de los “Hunos” urbanos contemporáneos, que dejan tras de sí pintas inextricables, que se diferencian de las pintas políticas y de las publicitarias por estar encriptadas o, de plano, por su carencia absoluta de mensajes.
Para los usuarios del Centro Histórico: comerciantes, artistas, trabajadores, consumidores, entre otros, las pintas urbanas “son la imagen misma, clara, del descuido y de la omisión de las autoridades públicas, pero también –en el ejercicio de la autocrítica—, de la población”. El vandalismo pictográ-fico alcanza inmuebles clasificados como patrimoniales, pero también otros establecimientos que no están en los catálogos, provocando daños a la economía de los propietarios y usuarios de los mismos, que deben invertir recursos para la restauración de canteras y pinturas.
Se quejaron de que, en ocasiones, los trabajos de restauración de los daños son impedidos por las instituciones cuya función es garantizar la protección de los inmuebles, como es el caso del INAH, de ahí que muchos propietarios de viviendas en el Centro Histórico hayan decidido dejar que el deterioro de sus propiedades avance hasta el grado de la demolición urgente, pues les resulta más caro restaurar que construir sobre las ruinas de sus propiedades.