El caso de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos tras los sucesos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, ha generado movilizaciones sociales en México además de pronunciamientos a nivel internacional.
Sobre la posibilidad de que los cuerpos encontrados la semana anterior en cinco fosas clandestinas correspondieran a los de los normalistas, el procurador de la república, Jesús Murillo Karam, declaró que los resultados de los peritajes establecieron que el material genético no concuerda, situación que abrió la posibilidad a que los jóvenes pudieran econtrarse aún con vida.
Sin embargo, la incógnita que prevalece sobre el móvil de los ataques a los normalistas y la incertidumbre sobre su actual paradero han desatado reacciones como las protestas frente al palacio de Gobierno en Chulpancingo así como en la sede de la PGR en el Distrito Federal.
Aunque no hay una versión oficial hasta el momento, al día de hoy existen diversas voces que se han pronunciado al respecto.
Policía municipal y alcalde de Iguala: PGJ Guerrero
El fiscal del estado, Iñaky Blanco, señaló como responsable de la desaparición de los 43 normalistas al alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca.
También indicó que al menos 17 normalistas fueron levantados y asesinados, luego de ser trasladados “a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo”, según una de las líneas de investigación de la Fiscalía General de Guerrero.
Iñaki Blanco mencionó que en los hechos de violencia contra los jóvenes, elementos municipales fueron identificados por testigos como los presuntos agresores. Aseguró que no hay justificación para el uso de armas y que se fincará responsabilidad penal contra los policías agresores.
El crimen organizado: Ángel Aguirre
El gobernador de la entidad indicó que fue el crimen organizado quien perpetró las agresiones a los estudiantes normalistas, y reconoció que en Iguala la policía municipal está «totalmente infiltrada» por el grupo de delincuencia organizada denominado ‘Guerreros Unidos’.
En entrevista que concedió a una estación de radio a principios de octubre, señaló que también en la zona centro del estado opera el «Grupo de los Rojos», en regiones como Chilpancingo y Chilapa.
Fuímos los Guerreros Unidos: policías detenidos
Según la Fiscalía, Martín Alejandro Maceda Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, integrantes de ‘Guerreros Unidos’, confesaron su participación en el homicidio de los estudiantes.
De acuerdo a su declaración ante el Ministerio Público, estas dos personas siguieron a los estudiantes que arribaron en autobuses a Iguala. Cuando llegaron al centro de la ciudad —donde también había policías municipales— accionaron sus armas en contra de ellos para obligarlos a bajar de los vehículos y trasladarlos al cerro de Pueblo Viejo.
Esta versión coincide con los testimonios de los normalistas sobrevivientes que aseguran que los policías “desaparecieron” a sus compañeros.
Guerreros Unidos: PGR
Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, detalló que 14 policías municipales de Cocula confesaron su implicación en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre pasado, por lo que se suman a los 22 policías muinicipales de Iguala que aceptaron estar involucrados.
Aceptaron “su participación en estos hechos al admitir que recibieron al grupo de estudiantes y posteriormente los entregaron entre los municipios de Iguala y de Cocula a los Guerreros Unidos”.
Jesús Murillo Karam agregó que se está consignando a los policías por delincuencia organizada, porque trabajaron conjuntamente con los miembros de Guerreros Unidos en la detención, traslado y desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala.
Por ahora, dijo, aún no se tiene el móvil, pero se espera que con las investigaciones se detenga a los autores intelectuales para conocer la razón de la desaparición de los normalistas.
Crimen de Estado: Estudiantes
Jóvenes de diversas instituciones de educación superior (UNAM, UAM, IPN, UPN) se manifestaron frente Procuraduría General de la República, donde exigeron que las autoridades resuelvan el asesinato de tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 más.
Un grupo de encapuchados encabezó una pinta con aerosol sobre las instalaciones con la leyenda «Estado asesino», responsabilizando al gobierno por los hechos ocurridos en Iguala.