Las oficinas centrales del Tribunal Unitario Agrario emitieron una orden para que la mesa directiva de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, San Miguelito, Tierra Blanca y sus anexos convoquen a la brevedad posible a Asamblea General a sus integrantes, con la finalidad de esclarecer las diversas actividades comprometidas por sus representantes ante un grupo de inversio-nistas ajenos a dicha comunidad.
El Tribunal Unitario Agrario revisó las inconformidades expuestas por el Grupo Emiliano Zapata, al respecto de la decisión inconsulta de los integrantes de la mesa directiva por la que pretendieran sujetar a la comunidad agraria a un juicio voluntario de aceptación de responsabilidades con cinco sociedades de crédito rural que han buscado cobrar un “adeudo” con la comunidad por 80 mdp, deudas que no fueron contratadas con la comunidad ni aprobadas por la asamblea, sino que se corresponden con particulares que se beneficiaron de este servicio y contrataron, en esa modalidad, empréstitos que hoy, las cinco empresas, traducen como un endeudamiento global –contado intereses—, por la cifra señalada.
De acuerdo con la representación legal del Grupo Emiliano Zapata, ninguno de los integrantes del mismo solicitó ni obtuvo empréstitos de estas sociedades de crédito rural, apuntaladas con fondos aportados por los constructores que desde hace tiempo, dos décadas, han estado ejerciendo para que la asamblea comunal acceda a venderles el predio de la dotación presidencial por 14 mil 890.60 hectáreas.
José Enrique González Ruiz, el abogado titular de los comuneros del Grupo Emiliano Zapata, observó que la delegación de la Procuraduría Agraria en San Luis intentó convencer a los reunidos en una anterior asamblea que la deuda contratada por algunos de ellos tendría que ser absorbida por el total de comuneros, en la independencia de si solicitaron o no, y de si obtuvieron o no, préstamos de cualquiera de las cinco sociedades de crédito, impulsadas por la mesa directiva comunal y fondeadas por los empresarios inmobiliarios y fraccionadores urbanos. Recordó que el Tribunal Unitario Agrario falló ya a favor de los comuneros inconformes y corrigió el dictamen de la Procuraduría Agraria, por el que se transfería a todos y cada uno de los comuneros la responsabilidad de cubrir los adeudos reclamados por los acreedores, aún cuando algunos de estos no solicitaron ni recibieron préstamos, bajo ninguna condición.
El Tribunal Unitario Agrario instruyó al Presidente de Bienes Comunales de SJG, Margarito Jasso Menchaca, para que proceda a convocar a una nueva asamblea comunal para mediados o finales del presente mes, con la finalidad de que se deje en claro que las deudas no fueron contratadas por dicha comunidad en su conjunto.
