El pleno del Congreso del Estado dio entrada ayer a una reforma a la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, a efecto de incluir la obligación de las instituciones públicas de otorgar prestaciones sociales a todo servidor público.
Entre quienes actualmente no tienen acceso a ese régimen se encuentran los 27 diputados locales, los presidentes municipales, síndicos y regidores de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí.
El ordenamiento excluye a los servidores públicos por elección popular, lo que transgrede sus derechos a obtener algún incentivo o sustento económico, sin causa alguna.
Esta corrección al artículo 1º y 2° de la Ley de Pensiones del Estado se armonizará con las legislaciones de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Veracruz, Durango y el Estado de México, donde sí se protegen los derechos de los y de las servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo o comisión, ya sea por nombramiento o elección popular.
Diputados y diputadas de la LX Legislatura explicaron que se trata de una cotización al sistema de pensiones únicamente por el tiempo contemplado en su designación, por lo que el sentido de la propuesta es adecuar la obligación de las instituciones públicas de cubrir prestaciones sociales a todo servidor público, quienes actualmente no tienen acceso a ellas.
La disposición actual se analizó como inconstitucional y engloba derechos laborales para este sector del servicio público, además de respetar acuerdos internacionales firmados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los servidores públicos lo son ya por virtud de un contrato por tiempo indefinido, ya por un nombramiento, o bien, como resultado de un proceso electoral.
En virtud de lo anterior, y por no encontrar justificación para dejar fuera de la Ley a los funcionarios de elección popular que prevé el segundo párrafo del artículo primero, se propone su derogación, así como la inclusión de la definición de servidor público para sustituir la aplicación de funcionario y empleado dentro de la misma ley.