Con el argumento de que el tema le resulta “harto difícil” de abordar, el Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero, eludió el conflicto suscitado en el interior del gabinete del gobernador Fernando Toranzo Fernández, y en el que se presupone un intento de extorsión de alguno de sus colaboradores a su hermano Martín Toranzo Fernández.
Indicó que no es la instancia ni para juzgar ni para opinar y menos para emitir alguna recomendación a ese respecto, luego de que Martín Toranzo Fernández, delegado con licencia de la CONA-FOR, señalara a Roberto Armando Naif Kury, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, como la persona que intentara extorsionarlo con un requerimiento de un millón de pesos en efectivo.
Don Jesús Carlos Cabrero insistió que no es la instancia y, asimismo, que carece de conocimiento a profundidad al respecto de esta incidencia hecha pública por el delegado con licencia de la CONAFOR.
Asimismo, dijo que en lo personal sostiene buenas relaciones con el gobernador, Fernando Toranzo Fer-nández y con su hermano Martín; pidió que se le excusara al respecto.
Sobre la eventual conducta del Director de Comunicación Social, y al planteársele que, de entrada, cuando un funcionario no honra el servicio público debiera ser objeto de condena, el arzobispo insistió en que no es la instancia adecuada y dijo a los reporteros que…
—En este caso… (no puedo opinar) y, mejor me voy.
Al preguntársele sobre la visión de la Iglesia Católica potosina sobre el Organismo Público Local Electoral que suple en sus funciones al CEEPAC, debe ser garante de justicia y transparencia electoral.
Es por eso, dijo, que los integrantes (consejeros) no pueden descuidar su condición de servidores públicos.
Les pidió un ejercicio meticuloso de control sobre el proceso electoral y los actores políticos; no descuidar que estos procesos son del interés de la ciudadanía, y no sólo de los partidos políticos.
A los ciudadanos llamó la atención al respecto de la importancia de emitir su voto con responsabilidad, enterados de la conducta de los candidatos, teniendo conocimiento de su correspondiente currícula, para evitar la elección de candidatos que, posteriormente, en el ejercicio de su función vayan a recurrir al autoritarismo y a la violencia, como ocurriera en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, donde se registrara un atentado letal contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la comunidad de Ayotzinapa.
