Las manifestaciones ciudadanas que se registraron en el Estado de San Luis Potosí en apoyo a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre, “son muestra de la indignación de la población mexicana, con la intención de llamar la atención de las autoridades para que se garantice una investigación puntual y se dé con los responsables, además de aclarar detalladamente lo que sucedió”, declaró Manuel Lozano Nieto, delegado de la Secretaría de Gobernación en San Luis Potosí.
El funcionario apuntó que si las instancias civiles y de justicia en el Estado de San Luis Potosí son requeridas para coadyuvar en la investigación, respecto al paradero del Alcalde de Iguala, José Luis Abarca; así como de su esposa, la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa; y del director de Seguridad Pública de ese municipio, Francisco Salgado Valladares (todos prófugos), “seguramente se pondrán las pilas, para llegar a esclarecer las cosas hasta el fondo”.
“El tema de Iguala ha agraviado a la sociedad mexicana por completo, es un caso absolutamente repudiable. La propia presidencia de la República se comprometió a seguir las investigaciones en forma muy puntual, para dar con los responsables y conocer lo que realmente sucedió”, agregó el funcionario.
Al calificar la agresión de policías municipales de Iguala en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos como “un acto condenable”, aseguró que las manifestaciones de ciudadanos que se han registrado en todo el país, “pretenden llegar al fondo del asunto su esclarecimiento y propiciar las sanciones legales a los responsables, por lo que se han registrado en un marco de civilidad.”