La simple sociedad policiaco-criminal con el crimen, hace doblemente grave la actuación del gobierno demostrada con la fuga del alcalde José Luis Abarca y la consignación de 22 policías municipales.
Si la información prolijamente divulgada durante el fin de semana y ayer se llega a confirmar plenamente —en detrimento absoluto de las demás teorías—, dos cosas quedarán claras: el asunto no se aclara todavía del todo y aún faltarían saber el paradero de otros 17 desaparecidos. Pero sobre todo, saber por qué pasó todo esto.
De acuerdo con la información divulgada por el fiscal guerrerense Iñaky Blanco, los cuerpos de 28 estudiantes de Ayotzinapa fueron encontrados en las macabras fosas cercanas a Iguala, lo cual es una tragedia mayor, superada únicamente por aquella masacre de migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas.
Y por si fuera poco, el crimen de Tlatlaya, poblado vecino de ese corredor delictivo cuya ruta cubre Michoacán, el Estado de México y Guerrero.
Dicen los estudiantes cuya voz se alza en nombre de los desaparecidos: no creemos en esa versión, el gobierno se quiere lavar la cara achacándole la autoría del múltiple crimen a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada, sin percatarse de lo imposible de limpiarse el rostro con sangre.
La simple sociedad policiaco-criminal con el crimen, hace doblemente grave la actuación del gobierno demostrada con la fuga del alcalde José Luis Abarca y la consignación de 22 policías municipales.
La información es estremecedora (EoL): “En conferencia, el funcionario (Iñaki Blanco) informó que se comprobó que la Policía Municipal de Iguala actuó en conjunto con la delincuencia organizada para realizar los ataques.
Pues uno de los policías declaró que la orden de detener a los 17 normalistas la dio el director de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares, y, una vez hecho esto, un tipo de quien se desconoce el nombre y sólo se sabe que le apodan El Chucky, líder de Guerreros Unidos, dio la orden de asesinarlos.
“El fiscal informó de la detención de siete personas, quienes pertenecen a Guerreros Unidos; ellas declararon que cuentan con la colaboración de 30 policías municipales de Iguala, mismos que ya son investigados.
Cuatro de los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la SEIDO, en la ciudad de México, para ser interrogados”.
Hasta hoy la mayor de las muchas preguntas a las cuales nos conduce este terrible caso es la más simple: ¿Por qué?
No hay, ni siquiera en la torcida lógica de la delincuencia ni en el pensamiento más enfermo, un solo indicio de “utilidad” en esas ejecuciones. No se advierte ganancia ninguna, no se percibe cómo pueden los traficantes proteger las condiciones de su innoble operación mediante la ejecución de una veintena o más de estudiantes por muy activistas como fueran.
Simplemente no se advierte donde se rozan las esferas de los normalistas con los forajidos.
Por eso el por qué cobra interés. De acuerdo con versiones periodísticas uno de los estudiantes del grupo dirigente de Ayotzinapa, Uriel Alonso, ha dicho:
“Nosotros vimos que los policías se los llevaron. No puede ser posible que fueran los del crimen organizado, nosotros no le hemos hecho nada al crimen organizado.”
