Con fuertes señalamientos enderezados contra el Secretario General de Gobierno y el Procurador General de Justicia en el Estado, Cándido Ochoa Rojas y Miguel Ángel García Covarrubias, la Coordinadora Estatal del Movimiento Amplio Popular, tomó ayer la Plaza de Armas, para realizar un mitin en el que se demandó la excarcelación del líder del Comité Estatal de Vivienda, Filiberto Martínez Ramírez.
Los cemapistas encabezados por su fundador, Miguel Ángel Wong Soto, expusieron que Martínez Ramírez no sólo no es el responsable de la ocupación ilegal de un predio que el dirigente del Movimiento del Pueblo Libre, Pedro Torres Esquivel ha reclamado como propiedad de dicha organización social.
Filiberto Martínez, señalaron los manifestantes, presentó pruebas de que el terreno reclamado por Torres Esquivel fue adquirido legalmente; documentación que de manera insólita fue desestimada en el desarrollo de la Averiguación Previa y, más tarde en un juzgado penal.
Miguel Ángel Wong Soto informó que “el asunto fue llevado en días pasados ante el Consejo de la Judicatura, donde también se desestimaron las pruebas ofrecidas en descargo de la responsabilidad de Filiberto Martínez Ramírez”.
La Coordinadora Estatal del Movimiento Amplio Popular (CMAP) destacó en el mitin de la Plaza de Armas el mediodía del martes, que el Procurador General de Justicia, Miguel Ángel García Covarrubias, permitió que las averiguaciones abiertas contra el líder del Movimiento del Pueblo Libre, Pedro Torres Esquivel, por violación de una menor de edad, se desvanecieran, a pesar de la gravedad de los hechos.
Ahora, el Procurador y el Secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa, han conjuntado fuerzas para inculpar por un delito “fabricado” a Filiberto Martínez, porque su defensa y él mismo, han aportado documentos que prueban que el terreno reclamado por Torres Esquivel fue adquirido legalmente y, en consecuencia que no le pertenece al líder del MPL.
Acusaron a Ochoa de prevaricación con su encargo público, al grado de influir en la decisión de los magistrados que integran el Consejo de la Judicatura, para inculpar a Martínez Ramírez.
Acusaron también al Procurador y al Secretario general de Gobierno, de utilizar sus cargos de responsabilidad pública para proteger a personajes como el ex secretario particular del Procurador, José Luis Contreras, señalado también como prevaricador, al manipular desde la función de secretario diversas averiguaciones previas penales, entre ellas la correspondiente al secuestro y posterior asesinato de un hijo dele x diputado local José Tomás Rosales López.
Gracias a la influencia del abogado Ochoa Rojas, señalaron en el mitin, este personaje fue promovido como delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, en lugar de abrirse una investigación sobre sus actuaciones en la Procuraduría General de Justicia en el Estado.