Por encima de los intereses de su representante en San Luis Potosí, Ramón Alejandro Galván Pérez, la actuación de las Oficinas Centrales de la Procuraduría Agraria favoreció a comuneros de San Juan de Guadalupe inconformados luego de que éste tratara de inclinar la balanza del aparato de procuración agraria a favor de pretendidos “inversionistas” que fondearon cinco sociedades de crédito rural y que reclamaron por el pago de una supuesta deuda comunitaria por 80 millones de pesos, la cesión voluntaria de más de 4 mil hectáreas del polígono de la dotación presidencial.
La Procuraduría Agraria declaró la nulidad de las actuaciones de su representante en San Luis Potosí, favoreciendo a los inconformes, reconocidos como comuneros de San Juan de Guadalupe, entre los que se encuentran Lucas Salazar, María de la Rosa Bravo, Cipriano de la Rosa, Eduardo Braco, Tomás estrada, Alberto de la Rosa, María de los Ángeles García y María del Socorro Quintero.
Los comuneros indicaron que la presunta representación comunal, desde la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales, convino sin la anuencia de la asamblea, pero contando con la comp0licidad de las autoridades agrarias, con un grupo de empresarios la constitución de cinco sociedades de crédito rural, fondeadas por empres arios inmobiliarios, presuntamente para “alentar proyectos productivos” en la comunidad, a través de “préstamos” hasta por 150 mil pesos.
Sin embargo, el convenio señalado como suscrito legal y legítimamente, no fue aprobado por la asamblea de comuneros, aunque la delegación agraria así lo asentara. Con el tiempo, dijeron los inconformes, y luego de que algunos comuneros contrajeran deudas al aceptar los créditos ofrecidos, estos “empresarios” y la falsa representación comunal, apoyados por la delegación agraria, trataron de simular una cesión voluntaria de 4 mil hectáreas como pago de una deuda global de 80 millones de pesos “de la comunidad”.
Logramos demostrar que, en ningún momento, la asamblea aprobó la contratación de deudas como tal; estas dudas, en todo caso son personales, individuales, no colectivas, dijeron. Las Oficinas Centrales de la Procuraduría Agraria les dieron la razón e informaron lo consecuente: la improcedencia del recurso de cesión voluntaria, debido a las irregularidades y vicios en que se incurriera por parte de la mesa directiva y por parte de las autoridades agrícolas que se sustrajeron de su compromiso con la imparcialidad.
Los comuneros y sus abogados, entre ellos José Enrique González, calificaron el hecho como un triunfo de la comunidad que, por el momento se pone a salvo de las ambiciones de los grupos inmobiliarios identificados con el proceso de desmantelamiento de la antigua Garita de Jalisco.
Por el momento, la comunidad está a salvo, pero aún se envía una mala señal desde la Procuraduría, al llamarse como asesor para la delegación San Luis, al abogado Gustavo Barrera López, precisamente vinculado con los grupos inmobiliarios que desarticularon el Ejido de la Garita de Jalisco.