La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe contener medidas de apremio, responsabilidades e infracciones, para asegurar el cumplimiento de las resoluciones en la materia, señaló el regidor Jalil Chalita Zaur.
Agregó que las decisiones de los órganos garantes deben ser cumplidas por todos los sujetos obligados, para evitar impunidad, de lo contrario, la Cegaip seguirá siendo un “elefante blanco”.
Es necesario –dijo— que exista un mecanismo de infracciones y sanciones por la inobservancia de las disposiciones, de forma que se puedan hacer verdaderamente efectivas las determinaciones de la Cegaip”, añadió.
Subrayó que en la propuesta de Ley General de Transparencia se prevén modificaciones en materia de apremio y sanciones basadas en responsabilidades administrativas, entre las que se encuentran la amonestación, sanciones económicas y suspensión de funciones de los servidores públicos que incumplan la Ley y eso está muy bien.
“En materia de apremio, se establece la posibilidad de imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución o al particular responsable, amonestación pública o multa de hasta 1 mil 500 días de salario mínimo o suspensión de hasta 90 días, como medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones”, indicó.
Consideró que la Ley General de Transparencia representa una oportunidad para homologar las medidas de apremio en todas las entidades federativas.
