La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, denunció ante el Ministerio Público Federal a Carlos Agustín Ahumada Kurtz por los delitos de extorsión, fraude procesal y uso de documentos falsos. Y en consecuencia, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la juez mexicana federal encargada de auxiliar el juicio mercantil iniciado en Argentina, Edith Alarcón, suspender la acción de embargo de prerrogativas y cuentas bancarias al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Robles Berlanga presentó una primera denuncia contra su ex pareja sentimental el 21 de agosto de 2013, por el delito de extorsión, y se integró la AP/PGR/DGCAP/ZNOXIV/2013; después la funcionaria federal amplió su acusación el 18 de septiembre de 2014, por lo que se acumuló la indagatoria por fraude procesal y uso de documentos falsos.
Esta última denuncia contra el empresario argentino se abrió 12 días después de que los actuarios del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal acudieron al domicilio legal de la secretaria —ubicado en la delegación Coyoacán—, para notificarle que el Fideicomiso Justicia y Verdad reclama el pago de una deuda de 200 millones de pesos más intereses generados en 11 años y pagos de tribunales argentinos (520 millones de pesos) contraída con Ahumada en 2003.
Fuentes del Poder Judicial de la Federación cercanas al proceso confirmaron que al cierre de esta edición la funcionaria no había sido localizada para ser notificada de manera formal que está demandada por esta presunta deuda en el Juzgado de Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Corrección y Criminal de la Tercera Circunscripción Judicial de La Rioja, Argentina. Por ello, la juez auxiliar encargada de ejecutar las diligencias en México —como se lo solicitó en una carta rogatoria un juzgado en Argentina— amplió los días para localizar a Robles, incluso, en su oficina de Sedesol.
La juez Alarcón notificó el 22 de septiembre al Instituto Nacional Electoral (INE) el embargo de prerrogativas y cuentas bancarias del PRD como medida precautoria en lo que se resuelve el juicio ejecutivo mercantil.
En la nueva averiguación previa (AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/47A/2014) cuya copia tiene un Dirio de circulación naciónal, al ampliar su denuncia, la ex líder nacional del PRD asegura que Carlos Ahumada “sustrajo” sin su autorización tres hojas en blanco con la firma autógrafa de la demandante y lo acusó de que “a través de terceros le hizo llegar la amenaza de utilizar dichas firmas en blanco, en el que se reconocía una deuda millonaria”, de acuerdo con el expediente.
Un día después, el 19 de septiembre, Fernando Humberto Sánchez Villalobos, agente del MP Federal adscrito a la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, envió en un oficio esta información a la juez Décimo Primera de Distrito en Materia Civil del DF, Edith Alarcón, encargada de desahogar las diligencias en México solicitadas por el juzgador argentino Pablo Ricardo Magaquian y le solicitó “suspender cualquier acto posterior” al embargo de prerrogativas económicas o cuentas bancarias del PRD.
El empresario es recordado por detonar una crisis política en el gobierno del Distrito Federal en 2004 y vulnerar la imagen del entonces puntero en las encuestas de preferencia electoral rumbo al 2006, Andrés Manuel López Obrador, al grabar al perredista René Bejarano recibiendo dinero y a otros perredistas, videos que después fueron transmitidos por la principal cadena televisiva del país.
El 3 de marzo de 2014, Ahumada dio a conocer en este espacio que demandó a la actual titular de Desarrollo Social, Rosario Robles, en su calidad de ex dirigente nacional del PRD y a ese partido por una presunta deuda millonaria.
Según el académico de la UNAM, Juan Carlos Ledezma, sí existen elementos para comprobar el delito de extorsión, una vez que el caso sea turnado y revisado por un juez, se podría girar orden de aprehensión y solicitar la extradición de Ahumada Kurtz, quien actualmente radica en Buenos Aires.