La propuesta de Ley General de Acceso a la Información Pública, que entregó ayer el IFAI al Senado, contempla medidas de apremio que van de 10 mil a 200 mil pesos y suspensión de funciones sin goce de sueldo de 30 hasta 90 días para los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno que incumplan con la normatividad.
Lo anterior, además de las sanciones administrativas —suspensión, amonestación pública o privada e inhabilitación— que ya se aplican a los servidores de la administración pública federal que incumplan con la actual Ley de Transparencia.
De acuerdo con el proyecto —que será analizado por la Cámara Alta— el IFAI y los órganos garantes de transparencia podrán sancionar a los servidores públicos con multas de 10 mil a 100 mil pesos, pero en caso de reincidencia, se podrá aplicar una multa de hasta el doble de las cantidades señaladas.
Además, baja de 12 a 7 años el periodo que los sujetos obligado clasificarán información reservada, aunque podrán ampliarlo a 5 más.
La actual ley no contempla sanciones económicas para los servidores públicos que no cumplan con la normatividad en la materia, los órganos estatales también podrán determinar multas en casos de funcionarios locales.
El texto señala que los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes,f ideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren el uso de recursos públicos, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de éstos como secreto fiduciario.
Los usuarios e instituciones bancarias que involucren recursos públicos, tampoco podrán clasificar la información del ejercicio de éstos como secreto bancario, y los contribuyentes o las autoridades en materia tributaria tampoco podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.
Se plantea la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos, encabezado por el IFAI, que contará con un fondo federal de aportaciones para la transparencia y acceso a la información pública, denominado Aporta, para fortalecer la suficiencia presupuestal de los organismos.
El investigador del CIDE, Mauricio Merino, dice que en términos generales, el proyecto presenta avances, pero uno de los mayores retos es sortear los obstáculos en las entidades para formar el Sistema Nacional de Transparencia, a fin de que éste no se quede a nivel federal.
“La Ley General de Transparencia es el instrumento más importante que vamos a tener en décadas para oponernos a la cultura de la corrupción, por medio del derecho a saber en todos los niveles públicos, en los poderes Legislativo y Judicial, y en órganos autónomos”.
Merino pidió dar un fuerte sentido garantista a la Ley General de Transparencia, que piensen en los derechos de la ciudadanía a saber y que el IFAI de una prueba de su compromiso de los derechos a los que está obligado a proteger.
En materia laboral, la ley establece que será información pública las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado o de confianza, los recursos económicos o en especie, incluidos los donativos, sean entregadas a los sindicatos y el monto global de las cuotas.
En el caso del poderes legislativos federal y de los estados, se les obliga a publicar el sentido de votación de los legisladores.