Doce comuneros con derechos vigentes en la comunidad de San Juan de Guadalupe denunciaron la connivencia ilegal e ilegítima de la mesa directiva comunal y el representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, Ramón Alejandro Galván Pérez, con los fraccionadores e inversio-nistas que codician la superficie de dicho núcleo agrario y, aduciendo deudas que no han sido generadas por los inconformados, pretenden adjudicarse terrenos dentro de la dotación presidencial.
La inconformidad fue llevada a la Procuraduría Agraria Nacional el pasado 26 de septiembre por Lucas Salazar Mata, Marcelo, Cipriano y Calixto de la Rosa Bravo; Eduardo Bravo Llanas, Tomás Estrada, María de los Ángeles García Jasso, Martín Martínez, María del Socorro Quintero Cruz, Micaela Campos Rosas, María Concepción Bravo y María Teresa Cardona Campos, a través de sus representantes legales, José Enrique González Ruiz, Marité y Tonatiuh Hernández Correa.
El fondo del asunto planteado por los inconformes ante las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria reside en el hecho de que el representante en San Luis, Ramón Alejandro Galván, incurrió en omisión de la exposición del punto cinco (5) de la orden del día, relativo a la “aportación de tierras comunales”, a solicitud de la mesa directiva y que, presuntamente serían destinadas a su entrega a dos empresas inmobiliarias, una de las cuales es denominada “Machi-nali”, a cambio de un adeudo de 80 millones de pesos, generado por préstamos por proyectos productivos infructuosos pero que fueron inducidos son el consentimiento de los inconformes.
A través de esta estrategia que no se ajusta a derecho, ni se corresponde con el estado jurídico de esa forma de propiedad de la tierra, el representante de la Procuraduría Agraria trató de beneficiar a los integrantes de esta “empresa” que es integrada por comuneros identificados como miembros del grupo denominado “de los Juanes Perreros”.
Atrás de estos, señalaron los inconformes a través de sus abogados, se encuentra un grupo de empres arios inmobiliarios encabezados por el arquitecto Carlos López Medina. Se trata, aseguraron los abogados, de maniobras que ya habían sido previstas, tan pronto como estos personajes financiaron con recursos la creación de hasta cinco empresas crediticias, presuntamente para impulsar, entre los comuneros, diversos proyectos productivos.
Los inconformes acudieron ante el representante de la Procuraduría Agraria en san Luis para solicitarle el acta correspondiente a dicha sesión, la cual les fue negada con el argumento de que “se trata de un documento muy complejo”, tan complejo, ironizó el abogado González Ruiz, que el funcionario “obvió” la inconformidad clara, manifiesta y decidida de mis representados en aquella ocasión.
