El PRD tramitó un amparo para impedir el eventual embargo de 520 millones de pesos exigidos por el empresario argentino Carlos Ahumada por un supuesto préstamo hecho a ese partido entre 2003 y 2004; asimismo, alista un equipo jurídico para acudir a Argentina a litigar el caso.
En tanto se resuelve de fondo el asunto, ayer el PRD consiguió la suspensión provisional de amparo contra las resoluciones de la juez Edith Alarcón, del juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, misma que remitió al Instituto Nacional Electoral (INE) la petición, emitida por un juzgador argentino, para embargar las prerrogativas perredistas y garantizar así el cobro del adeudo.
La suspensión provisional fue otorgada por el juzgado Séptimo de Distrito e impedirá por ahora afectaciones a las prerrogativas del PRD, que en este 2014 ascienden a 699.2 millones de pesos.
Un Diario de circulación nacional adelantó en su edición del pasado lunes 3 de marzo que Ahumada preparaba una demanda contra el PRD para cobrar un adeudo que dice tiene ese partido con él, contraido entre 2003 y 2004, durante la presidencia de Rosario Robles Berlanga.
El 19 de agosto este diario publicó que Ahumada inició la querella ante un juzgado mexicano, y a petición del juez argentino Pablo Ricardo Magaquian se requirió el embargo de prerrogativas que el INE entrega al PRD para saldar el adeudo.
Éste ascendería en total a 520 millones de pesos —400 millones más 120 millones por intereses— que habrían sido entregados por Ahumada al PRD durante la presidencia encabezada por Rosario Robles.
No hay deuda: Zambrano
El presidente del PRD, Jesús Zambrano, insistió en que no reconocen ningún adeudo con Ahumada y la autoridad electoral ya revisó y dictaminó las cuentas de su partido, sin hallar préstamo de ese personaje ni irregularidades.
Por eso el PRD prepara una estrategia jurídica de defensa, una vez que el pasado 18 de septiembre fue notificado de la demanda y deberá presentar alegatos a más tardar en 84 días, que vencen en diciembre.
El responsable de las finanzas perredistas, Xavier Garza Benavides, advirtió que en su defensa el PRD denunciará la conducta presuntamente irregular de la juez Alarcón, ante el Consejo de la Judicatura.
“Acudiremos a la Judicatura a señalar la actitud ilegal en que está incurriendo ese juzgado”, dijo.
Garza explicó que no se cumplieron las leyes nacionales y acuerdos internacionales durante el trámite a la petición del juez argentino, que requirió el embargo.
“El procedimiento legal es que (la petición) llegue a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y ésta dé trámite a un juzgado. Lo ilegal es que esa carta rogatoria no llegó a México vía SRE sino a través de un propio que manda el Tribunal argentino y el juez mexicano Décimo Primero de Distrito le da entrada y luego trámite, aunque la carta rogatoria ingresó a México y tuvo un turno de manera ilegal”, explicó.
Garza Benavides explicó que otro elemento que da la razón al PRD es la demanda que Rosario Robles interpuso contra Ahumada por presunto robo de documentos durante la época en que habría ocurrido el supuesto crédito.
“Eso nos da la razón como partido en el sentido de que nunca hubo un préstamo. Es decir no hubo ingreso de ese pagaré que está motivando la demanda, y el INE nos avala” pues al dictaminar los informes de ingresos y gastos correspondientes a esos años no se hallaron irregularidades, dijo.
Cuando cualquier partido solicita un préstamo debe informar al INE dentro de los 10 días hábiles siguientes y luego éste audita y dictamina las informes de los partidos, “y en ningún caso hay documentación ni ingreso a las cuentas de bancos… Por ningún lado hay ningún crédito”, sostuvo.
“Es un fraude maquinado por Ahumada, un delincuente perseguido por la justicia mexicana en colusión con el juez de distrito”, dijo.
En materia electoral, Garza Benavides señaló que el PRD ya hizo saber al INE que el procedimiento seguido “fue irregular”, para que desestime la petición de embargo.
Se analiza la solicitud: INE
La petición del juez argentino fue ingresada al INE el lunes, vía el Juzgado Décimo de Distrito, confirmó ayer el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, pero explicó que aún se analiza la contestación.
El análisis jurídico se elabora en la Secretaría Ejecutiva del Instituto, pues la petición de embargo no es de un juez mexicano, sino de un Tribunal argentino que, gracias a convenios internacionales, se remitió a través de un juzgado mexicano.
“No estoy cierto que las prerrogativas de los partidos sean embargables, al menos no ha habido un pronunciamiento definitivo en esta materia por el Tribunal Electoral, habrá que analizarlo. Es un asunto de enorme complejidad porque implica derecho argentino, derecho internacional, derecho mexicano, derecho mercantil mexicano y también derecho electoral”, dijo.
En mayo de 2003 la Suprema Corte resolvió que las prerrogativas pueden ser embargadas para pagar, luego de que un proveedor del PRD —al que contrataron servicios para mantener el “plantón” en Reforma, en 2006— demandó el cobro de 25 millones de pesos. La sentencia de la Corte se emitió “sin analizar el fondo del caso”, dijo Córdova, al recordar que, por el contrario, el entonces IFE y el Tribunal Electoral habían considerado inembargables las prerrogativas.
Este caso sería distinto pues la petición es de un tribunal extranjero y, dijo Córdova, debe verse si prevalece el criterio de la Corte.