Con la asistencia de cientos de participantes, entre servidores públicos, profesionistas y miembros del sector privado concluyó el Seminario Regional “Derechos Humanos y Administración Pública a la Luz de los Nuevos Principios Constitucionales”.
El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones de un hotel del oriente de la ciudad, y fue organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública que encabeza a nivel nacional Carlos Reta Martínez y a nivel estatal Roberto Armando Naif.
La Secretaría de Gobernación auspició este encuentro tendiente a abordar los nuevos contenidos en materia de garantías fundamentales de la persona, así como su observancia, ejercicio y aplicación por parte de las diversas instancias y autoridades en sus tres niveles y poderes.
Entre los ponentes se contó con la intervención de la doctora Julieta Morales, Directora General Adjunta para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como del maestro Cliserio Coello, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De igual forma, impartieron conferencias magistrales el profesor e investigador de la UNAM, Sergio García Ramírez, el doctor Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de la Secretaría de Gobernación en Materia de Derechos Humanos.
También expuso Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, quien reconoció y agradeció la disposición del Gobierno del Estado de San Luis Potosí por impulsar la celebración de este diplomado.
Con la representación del gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, inauguró el Seminario el secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, quien dijo que es premisa de la presente administración gubernamental cumplir y hacer cumplir las garantías constitucionales.
Dijo que entre las medidas más destacadas de la reforma legislativa en materia de derechos humanos, se encuentra la aplicación de la norma jurídica que más favorezca a la víctima y, puntualizó que el Gobierno del estado de San Luis Potosí reconoce y asume su obligación de acatar y aplicar las acciones jurídicas tendientes a preservar y garantizar un estado de derecho.
