El gobierno de San Luis Potosí primero tiene la obligación de atender las demandas, los reclamos y las ingentes necesidades de los potosinos, antes de ceder a las peticiones de apoyo que implican la aplicación de recursos públicos para incentivar el asentamiento de las empresas, apuntó el doctor en Derecho y Ciencias Políticas, José Enrique González.
González Ruiz manifestó que la solicitud de permiso presentada por la administración estatal para contratar nueva deuda, debiera sujetarse a consulta pública directa, ya que los mecanismos de representación social que se dan en el Congreso del estado, y en el Congreso de la Unión, ya todos sabemos que son falsos y que se traducen en la representación de intereses de particulares.
Los mecanismos para la consulta a la comunidad en esta materia, se encuentran previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, desde luego, por la particular del Estado, destacó el abogado.
Enrique González agregó que no se trata de que el gobernador “le sume a la deuda pública sólo 600 millones de pesos”, como ironizó. Se trata de que si se contrata deuda pública, recursos sirvan para atender las demandas de la población, toda vez que el compromiso que ello entraña descansará en los bolsillos de los potosinos.
Habrá que medir el impacto de este débito que se nos transfiere a los potosinos contra la generación de empleos de la empres a automotriz alemana y, todavía, contra la calidad y la seguridad de esos empleos, advirtió.
Pidió a las autoridades públicas meditar con mayor profundidad y responsabilidad el costo real de la contratación de deuda; medir el beneficio sin descuidar el daño. Y es que, dijo el abogado, luego resultará tan nocivo como el proyecto de explotación de minerales de oro y plata del Cerro de San Pedro, donde se generaron pocos empleos, y mal pagados, a cambio de la afectación del patrimonio histórico, el daño irreversible a la orografía, la contaminación del aire, del suelo y del agua y de la absoluta opacidad en el manejo de esta empres a, pues en San Luis Potosí, y ni siquiera en Cerro de San Pedro se observan los beneficios de alguna derrama de recursos, salvo los mínimos necesarios para la propia empresa.
El abogado dijo que el gobierno de San Luis Potosí y los legisladores están obligados a consultar con los ciudadanos estas acciones; no pueden olvidarse de que su condición es la de servidores públicos y no la de patrones y dueños del Estado, indicó.