Como parte de la implementación de la reforma penal en el Estado de San Luis Potosí y el acceso a la justicia de la población indígena potosina, han sido efectuados talleres con autoridades comunitarias de los grupos étnicos xi’oi, náhuatl, téenek, mixteco, mazahua, triqui y wixárika.
A través de la Defensoría Social y de Oficio que encabeza el licenciado Juan Carlos Vargas Negrete, se efectúa esta actualización que han solicitado de igual forma diversos sectores de la sociedad, organismos civiles y autónomos y agrupaciones de profesionistas.
Lo anterior, derivado de que la puesta en operación de la reforma penal es inminente y los diversos actores deben estar capacitados adecuadamente en torno al tema.
Se establece que con el nuevo sistema de justicia se podrá efectuar una impartición más transparente, ágil y equitativo, aunado a contar con la reparación del daño en los casos correspondientes y evitando la impunidad de igual forma en todos.
En el nuevo esquema se pasa de ser inquisitorio donde el imputado era culpable hasta mostrar lo contrario a uno acusatorio donde se presume la inocencia hasta caso contrario.
Lo anterior, en concordancia con las legislaciones más avanzadas del orbe y donde San Luis Potosí busca situarse a la vanguardia a nivel nacional tanto en capacitación como en aplicación.
Otro de los aspectos del nuevo marco es la inmediación que permite que el juez reciba información de las partes sin intermediario, así como que a excepción de casos delicados las audiencias sean públicas.