Este sábado se llevó a cabo el registro de las planillas que están interesadas en participar dentro de la renovación del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, órgano deliberativo donde se toman acuerdos y decisiones y donde deben estar representadas todas las corrientes, regiones y militancia con un total de 640 espacios.
Cabe destacar que aun y cuando el proceso de registro se desarrollo bajo un total hermetismo, no se descarta que en el transcurso de los próximos días se pudieran registrar una serie de inconformidades de parte de aquellos que no fueron tomados en cuenta o que en el mejor de los casos no fueron convocados.
Además no se informó sobre el desarrollo de dicho evento y mucho menos de los priístas que podrían formar parte de este nuevo Consejo Político, por lo que únicamente trascendió que sólo existió una planilla donde se integrarían al menos 320 militantes que forman parte de la estructura territorial, mientras que otros 320 son considerados miembros de la estructura formal del partido y corresponde por designación directa al gobernador, Senador, Diputados Federales, Legisladores Locales, Presidentes Municipales, Regidores y dirigentes de los sectores.
La renovación del Consejo Político Estatal del PRI, forma parte del proceso de de reingeniería y fortalecimiento de las estructuras de este instituto político, con miras a preparar los procesos basados en los métodos de selección de los candidatos que habrán de participar en las contiendas electorales del 2015.
De igual forma se conoció que la renovación de al menos 320 espacios para ocupar un espacio dentro del Consejo Político Estatal, será de mero trámite, tomando en consideración los militantes que se registraron debidamente desde ayer en la sede estatal del PRI.
Cabe mencionar que de acuerdo a las disposiciones en materia electoral, el Consejo Político Estatal del PRI, deberá estar renovado antes del 7 de Octubre, fecha en que arrancan formalmente los procesos electorales de San Luis Potosí con miras a las contiendas del 2015 y donde queda estricamente prohibido que un partido político pueda aplicar cambios a sus procedimientos o estatutos internos.