Con el propósito de promover la participación social en materia de asentamientos humanos y establecer el derecho de la ciudadanía y sus organizaciones para denunciar ante la autoridad competente cualquier acto o conducta que transgreda la normatividad de las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, el senador de Teófilo Torres Corzo presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos ordenamientos de la Ley General de Asentamientos Humanos.
La iniciativa fue presentada en el Senado de la República donde el legislador potosino destacó que es de total relevancia, el establecer dentro de las reformas que la federación, las entidades federativas y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, para el establecimiento de los mecanismos, instancias y medios que propicien y garanticen la participación social incluyente y ordenada en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
Torres Corzo, recordó que el objetivo es fortalecer la participación ciudadana sobre todo cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, así como los planes o programas en la materia, donde los residentes del área que resulten directamente afectados tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes.
Dijo que la participación social en materia de asentamientos humanos comprenderá la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población, y además la presentación de denuncias ante las autoridades competentes de todo hecho o acto que cause o pueda causar el incumplimiento u omisión de obligaciones y el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley y en los ordenamientos, planes y programas que de ésta deriven.
Expuso que existen marcos normativos como la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), que requiere con urgencia, mayor apertura a la intervención de los ciudadanos y de sus organizaciones a fin de contribuir a garantizar la protección de sus derechos, así como para facilitar la gestión democrática y eficaz de las políticas públicas, que en este caso, corresponden al desarrollo urbano y a los asentamientos humanos.
