Al menos 234 docentes, afiliados a la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezados por el profesor Ricardo García Melo, cobran sin trabajar en San Luis Potosí, con el argumento de que se encuentran asignados a tareas internas al sindicato, han sido reubicados a plazas y servicios inexistentes o se desempeñan como comisionados en el Partido Nueva Alianza.
Lo anterior fue denunciado ayer así por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en voz de los profesores Horacio Aguilar Arredondo y Felipe de Jesús Cervantes, quienes solicitaron, para obtener datos precisos, la intervención de la Comisión Estatal de Acceso a la información Pública, luego de que esta les fuera reiteradamente negada por el coordinador general de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Héctor Jaime Heredia.
La instrucción librada por la CEGAIP tuvo como resultante la entrega parcial de los documentos oficiales solicitados, por lo que los demandantes obtuvieron evidencia documental “del abuso y desviación de recursos públicos asignados a la SEGE, a favor del Partido Nueva Alianza y de la cúpula de la Sección 26 del SNTE”.
Aguilar Arredondo y Cervantes Pérez insistieron en que estas desviaciones de recursos del erario público se encuentran en pleno conocimiento de Héctor Jaime Heredia, del dirigente de la sección 26 del SNTE Ricardo García Melo y del propio secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Manuel Carreras López.
Entre los beneficiados por estas desviaciones de recursos se encuentra el presidente del Partido Nueva Alianza: J. Dimas Sagahón Hernández, quien durante años ha sido protegido por un nombramiento de comisión sindical, recibiendo un sueldo como “superior de primarias” y, más recientemente, una vez que entró en vigor la Ley del Servicio Profesional Docente, renombrado como “asesor técnico pedagógico”, cobrando, sin ejercer función alguna 16 mil 522.37 pesos quincenales, de acuerdo con los documentos aportados por la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEGE, bajo la instrucción de la CEGAIP.
Asimismo se encuentra el caso del secretario de finanzas del Partido Nueva Alianza, ingeniero José Inés Liñán Castro, presuntamente adscrito a una escuela secundaria a la que no asiste, pero de donde obtiene un “sueldo” de 24 mil 720.93 pesos quincenales.
También se encuentran en este caso los ex secretarios generales de la sección 26 del SNTE, Román González Ayala, José Luis Briones Briseño, Enrique Rodríguez Uresti, con nombramientos de Asesores Técnicos Pedagógicos en el departamento de primarias, sin que estos asistan a cumplir con la encomienda a los planteles escolares, ganando un promedio de mil pesos diarios cada uno. A estos personajes los ha descrito –dijeron los maestros–, Héctor Jaime Heredia, el coordinador de recursos humanos de la DEGE, como “trabajadores en espera de ubicación”.
En igual situación se ubican los profesores Guillermo Martínez Santander y José Escobedo Coronado, este último con ingresos quincenales de 30 mil 249.98 pesos quincenales y con una definición laboral de “trabajador en espera de ubicación”; también están Laura Concepción Araujo Blizzard, el diputado local Crisógono Sánchez Lara, su hija Nora Hilda Sánchez Sánchez y la esposa re Ricardo García Melo, María Lucía Cardona, entre otros más, destacaron los maestros María Asunción Gil González, Armida verdín, Lina Esther Ahumada, Martha Villalobos, Horacio Aguilar, Marcelino Loyde, Rodolfo Holguin y Felipe de Jesús Cervantes Pérez, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.