Se entregó en tiempo y forma el Paquete Económico para 2015. Se hizo en viernes
y eso equivalió, en términos mediáticos, a hacerlo en sordina. Eso no obsta para hacer algunos comentarios al respecto, porque el tema lo merece.
Lo primero a destacar es que se trata, esencialmente, de un presupuesto inercial, en el que el aumento al gasto programable es solamente 0.6 por ciento superior, en términos reales, al de este año.
No podía ser de otra manera, ya que las autoridades no pueden prever con exactitud cuál será el comportamiento de los ingresos provenientes del petróleo, tras la aprobación de la reforma energética, en la que Pemex tributará el Impuesto Sobre la Renta como cualquier empresa, en el contexto de una baja esperada en la producción y exportación de crudo. En principio, se estima que la contribución de Pemex será 13 por ciento menor a la actual.
En ese sentido, un aumento mayor al gasto pondría presión sobre el equilibrio presupuestario, porque los requerimientos financieros del sector público serán superiores al 1 por ciento del PIB (que sería, estrictamente, el déficit fiscal).
Para evitar problemas de caja, y en vista de que los ingresos petroleros van a caer, se estableció que Pemex pague 12 mensualidades de mil millones de pesos, que serán acreditables al final de su ejercicio fiscal. La idea es que el cambio de régimen fiscal de la empresa petrolera no implique quitarle el banquito a las finanzas públicas y que den el sentón.
Las autoridades dijeron que ya no habrá “gasolinazos”. En sentido estricto, así será, porque no habrá aumentos mensuales. Eso no quiere decir que la gasolina no vaya a aumentar de precio: habrá un incremento de 3 por ciento, que es la inflación esperada. Una sola vez, eso sí.
¿Cómo espera el gobierno resarcir la pérdida de recursos provenientes del petróleo? Con el aumento de los ingresos tributarios no petroleros, que llegarían a 10.7 por ciento del PIB. Esto sólo se puede hacer de una forma: con menos evasión y menos elusión fiscal. Con la consolidación de la reforma fiscal aprobada este año y que tanto escozor ha causado en las cúpulas empresariales.
La apuesta, como vemos, es a que las reformas promotoras de más competencia efectivamente detonen más inversión, y que la tasa de formación de capital sea suficiente para un crecimiento que se espera en 3.7 por ciento.
En ese sentido, la dirección del gasto apunta mucho más a la infraestructura que a cualquier otro rubro. Como es de suponerse, el nuevo aeropuerto y los trenes de pasajeros hacia Toluca y Querétaro serán los principales detonantes de la inversión. Esto queda clarísimo en el proyecto de presupuesto. También se triplican los proyectos de telecomunicaciones.
En otras palabras, si no hay una inversión privada suficiente, más allá de las asociaciones público-privadas, es probable que tenga que revisarse el crecimiento a la baja. El ambiente de negocios se antoja positivo, y las autoridades consideran que, más allá de berrinches y declaraciones sobre la reforma fiscal, al final del día los empresarios invertirán en México.
A este ambiente positivo debe sumarse el hecho de que la economía de Estados Unidos muestra síntomas de recuperación lo que, dada la dependencia de nuestro sector exportador, significa más inversión y más empleo.
También esperan las autoridades un aumento en el consumo, que terminaría con varios años de crecimiento apenas marginal. Si hay una política salarial menos astringente, podrían esperarse, para la segunda mitad de la década, tasas sanas, de 5 por ciento o más al año. No será el caso de 2015, pero al menos tendremos una reversión de tendencias.
Hay que estar particularmente atentos al aumento en el consumo en los próximos años. Según el esquema de las autoridades, éste será responsable, aún más que la inversión, en el aumento del crecimiento del PIB. Si se estanca, adiós expectativas. Pero en el mediano plazo, lo que va a pesar más es la inversión.
Punto aparte merece el tema de financiamiento. No parece que haya arcas abiertas en el extranjero, ya que la perspectiva es que las tasas de interés suban a nivel mundial. La propuesta de techos es de 6 mil millones de dólares para la deuda externa y de casi 600 mil millones de pesos para el endeudamiento neto interno. Una proporción de uno a ocho.
Bajo esa lógica, el peso relativo de la deuda externa bajará, pero la deuda pública total se elevará hasta el 31.8 por ciento del PIB, que es todavía una cifra manejable, pero que no puede crecer mucho más.
En resumen, estamos ante un paquete económico de transición. No puede ser verdaderamente contracíclico (aunque Hacienda diga que lo es) porque lo que domina es la incertidumbre sobre la capacidad real de las reformas para hacer detonar las inversiones. No se espere, entonces, un despegue digno de ese nombre.
Si las inversiones efectivamente se realizan (es decir, si los privados responden al estímulo general y dejan de lamerse las heridas por las adecuaciones fiscales), podremos esperar el año próximo un cambio verdadero. Entre tanto, todo se resolverá en un mejor control de los impuestos y en medirle correctamente el agua a los tamales, para empujar —ahora sí— la economía el año 2016, sin tanto miedo a que se sobrecaliente.
