El Juzgado Tercero Penal del Noveno Circuito emitió un dictamen de responsabilidad de los servidores públicos en contra el presidente magistrado y magistrados del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por constante y sostenida violación de derechos constitucionales, laborales y humanos, al sostener ininterrumpidamente a lo largo de diez años, un juicio laboral instruido contra las empresas Zendejas Constructores y Rayco.
De acuerdo con el representante legal de los trabajadores, Arturo Arredondo Bravo, las autoridades laborales encabezadas por Víctor Manuel Parra Veovides, como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje han maniobrado en el proceso de juicio laboral para favorecer a la parte patronal demandada, en consecuente perjuicio de los trabajadores.
Luego de una larga serie de emisiones de laudos que sólo se cumplían parcialmente, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Tribunal Colegiado, emitió una sentencia (la 183/2014) conminado al Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje a cumplimentar la sentencia definitiva, favorable a la parte demandante, ordenando que esta se realice en un término de tres días; se le otorga a la JLCA 20 días para localizar a las personas involucradas y un término no mayor de dos meses para ejecutar la sentencia de laudo.
El abogado Arredondo Bravo, quien representa a los trabajadores de las empresas Rayco y Joaquín Zendejas Construcciones, manifestó que ha sido objeto de amenazas por parte de los empresarios identificados como los hermanos Zendejas, quienes son representados por el ex delegado del Instituto Macional de Migración, Antonio Rojo Zavaleta, sobre quien pesa una demanda por abuso sexual contra dos adolescentes, migrantes centroamericanas (hondureñas).
Arredondo Bravo dijo que los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje han incurrido en la violación de los preceptos constitucionales, derechos civiles, laborales y humanos de sus representados, así como los correspondientes a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el Estado de San Luis Potosí.
Asimismo, dijo que en el marco de la tramposa simulación de aplicación de justicia, cabe la responsabilidad del Estado de San Luis Potosí y, concretamente, del Poder Ejecutivo que ha cerrado los ojos ante esta realidad y se ha abstenido de implementar los correctivos necesarios para la restauración del estado de derecho y la certidumbre laboral, en el marco del irrestricto respeto de los derechos humanos y la dignidad de sus gobernados.