El Diputado, Jorge Vera Noyola, señaló que se busca modificar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, con la intención de contar con un marco legal a las nuevas disposiciones en materia penal y además para definir las obligaciones que deben tener las policías.
Explicó que en la pasada sesión extraordinaria fue retirado del orden del día el dictamen para consideraciones, sin embargo será revisado de nueva cuenta por las comisiones de Justicia; Derechos Humanos, Equidad y Género; y Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Socia.
Vera Noyola, explicó que las reformas que se están planteando modifican la visión de los elementos y cuerpos de seguridad en su participación dentro del sistema penal de corte adversarial, refiriendo funciones especializadas para la policía investigadora y la policía procesal, ello sin menoscabo de las obligaciones y funciones que en la materia tendrán en lo general todos los cuerpos y elementos de seguridad relacionados en la Ley.
Además la iniciativa busca integrar las definiciones de cuerpos de seguridad y elementos de seguridad, los conceptos de policía investigadora y policía procesal. La primera de ellas con facultades de investigación, para que actúe en coordinación y bajo la directriz del Ministerio Público, y asuma la función investigadora de los hechos que pueden ser constitutivos de delitos, de acuerdo con lo que al efecto establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por su parte, la policía procesal, tendría facultades de llevar a cabo cualquier clase de acciones relacionadas con el proceso penal acusatorio adversarial, actuando una vez habilitada por la Secretaria de Seguridad Pública o la Dirección General de Seguridad Pública, para que cumpla con todas las funciones que se relacionan con el proceso penal acusatorio adversarial y que son dispuestas por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además armoniza diversos artículos para sustituir la denominación de policía ministerial por la de policía de investigación y se amplían las facultades del Secretario de Seguridad Pública del Estado, y que tienen vinculación con los procesos penales en el sistema acusatorio.
