Más de 22 mil habi-
tantes de los siete
municipios afectados por la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por un derrame de la mina Buenavista del Cobre, presentan al momento pérdidas patrimoniales superiores a los 2 mil millones de pesos, estimó la CEDH en Sonora, al anunciar que interpuso una demanda penal contra responsables del envenenamiento del afluente.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sonora, Raúl Ramírez Ramírez, lamentó la crisis humanitaria que están viviendo los habitantes del Río Sonora ante la falta de un verdadero compromiso por parte de Grupo México, que sólo se ha ocupado en acercar agua a los afectados que hoy en día viven sus peores momentos de subsistencia.
Para hacer frente a lo que llamó una verdadera tragedia humana, convocó a los gobiernos municipales afectados, gobierno del estado, diputados locales, diputados federales, senadores y partidos políticos a hacer un frente común, sin afanes protagonistas ni partidistas, para respaldar las demandas de los pobladores afectados.
El ombudsman sonorense informó que el pasado viernes «con la fe pública que nos otorga la ley», en apoyo a los alcaldes y pobladores del Río Sonora.
