La Procuraduría Unitaria Agraria Distrito 25 anunció la puesta en marcha de un proceso de demanda voluntaria presentada por el grupo de comuneros que encabezan Anastacio Esquivel Jasso, Juan Fidel Cruz Campos y Margarito Jasso Menchaca, integrantes de la Mesa Directiva de la Comunidad de San Juan de Guadalupe.
El grupo identificado desde los años 80 como de Los Juanes Perreros solicitó al Tribunal Unitario Agrario la dotación de 4 mil 504 hectáreas y 60 centiáreas, de un total de 14 mil 869.60 hectáreas que configuran el polígono de la dotación presidencial a los comuneros de San Juan de Guadalupe, correspondiente a la década de los 50 y con las que el gobierno de la Federación refrendó la dotación de tierras concedida en los años de 1700 por la Corona Española a la comunidad huachichil.
El secretario de Acuerdos de la Procuraduría Agraria, Alfredo Rosillo Sotelo, dio aviso, mediante la circular 775/2014, del inicio del procedimiento para esta dotación solicitada por el Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe, el próximo 12 de septiembre, en las oficinas del Tribunal Unitario Agrario, sito en Cinco de Mayo 435 en la capital potosina, para efectuarse en punto de las 12:00 horas.
El representante legal del grupo Emiliano Zapata, de esa comunidad agraria, el doctor en derecho y ciencias políticas, José Enrique González Ruiz, destacó la extrañeza de este procedimiento, toda vez que obvia las características específicas y señaladas literalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Agraria para esta forma de propiedad comunal, que sigue describiéndose como imprescriptible, indivisible e inajenable.
En apariencia, observó el doctor González Ruiz, se trata de una demanda del grupo de Los Juanes Perreros, ingenua e inocente; sin embargo, atrás en el fondo del interés se encuentra el deseo de fraccionar a la comunidad mediante artilugios legaloides, pues hasta el día de ayer no se conocían ni las razones ni los fundamentos legales para tal solicitud, así como tampoco el destino que se le pretende dar a esta superficie de 4 mil 504 hectáreas.
La identificación de la Comunidad de San Juan de Guadalupe por parte del Tribunal Agrario no podría ser más imprecisa, destacó el abogado, cuando se le describe como “poblado”. Dijo que todo parece indicar que atrás de esta nueva intentona de fraccionar la Comunidad de San Juan de Guadalupe, se encuentran los intereses de los constructores encabezados por ingeniero Carlos López Medina, quien ha procedido a la urbanización de la Zona Sur Poniente, buscando los mayores aprovechamientos posibles de los recursos hidráulicos de la Sierra de San Miguelito para construir fraccionamientos residenciales de lujo, en perjuicio de los comuneros de San Juan de Guadalupe, como hace tiempo ocurrió con los ejidatarios de La Garita de Jalisco.