Resultará que la interpretación de la ley no está ya en manos del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo y que su aplicación se sujeta a la conveniencia de este y responde a las circunstancias políticas en que se encuentre, replicó el abogado Enrique González Ruiz, al hacer un recuento de las actuaciones de gobierno en el marco de su relación con sus trabajadores.
El abogado destacó que aún antes de la reforma laboral, por la que se conculcan o debilitan los derechos de los trabajadores, como es el caso de la certidumbre laboral, la antigüedad, el escalafón y el respeto irrestricto de sus derechos humanos, el gobierno de San Luis Potosí ha venido imponiendo criterios personales que obvian lo convenido en el Contrato Colectivo de Trabajo, borran las minutas de acuerdos concertados con los trabajadores y sus representantes y, cuando estos reclaman, haciendo uso de sus derechos ciudadanos y laborales, recurriendo a manifestar pública y pacíficamente sus inconformidades, son objeto de violencia institucional indebida.
La historia de la recurrente violencia que se desprende desde el Ejecutivo Estatal contra el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado desde el arranque de la administración del doctor Fernando Toranzo, se encuentra registrada en las hemerotecas y en la memoria de los trabajadores afectados y de la ciudadanía que en algún momento testimonió los hechos, advirtió el abogado.
Ayer se presentó una denuncia pública respecto de un trabajador afiliado al SITTGE que fue lesionado con golpes en la cabeza por un sujeto que reclamó airadamente el que este reclamara su derecho a ser reinstalado en su puesto de trabajo, del cual fue separado voluntariosamente y sin justificación legal por la directora del Instituto Potosino de las Bellas Artes.
Jorge Cato el trabajador lesionado por un presunto provocador gubernamental, presentó fracturas servicales y golpes contundentes en la cabeza y el rostro, por lo que debió ser ingresado a un hospital; poco antes de este incidente violento, los policías que resguardan los accesos al Palacio de Gobierno, recibieron la instrucción de impedir un plantón del SITTGE y, en cumplimiento de esta disposición lesionaron a 16 afiliados, entre hombres y mujeres, y ocasionaron fracturas en el cráneo de otro que debió ser ingresado a la Beneficencia Española, destacó el abogado, para hacer referencia a hechos recientes.
La historia de la conducta violenta de la administración, dijo se remonta a su instalación, cuando la directiva del SITTGE solicitó por las vías formales una audiencia constitucional con el gobernador, misma que no ha tenido respuesta, a pesar de que ha sido presentada de manera reiterada.
Esto derivó en acciones violentas, en el encarcelamiento de la secretaria general del SITTGE, cuando la Secretaría General de Gobierno estaba a cargo de José Guadalupe Durón Santillán. El abogado llamó a las autoridades encabezadas por el doctor Toranzo a la mesura, la cordura y al irrestricto apego de sus actos a derecho, recordando que el servicio público, es aún afortunadamente temporal en nuestro país.