De mantenerse la política de explotación y agresividad contra los trabajadores de las distintas dependencias del Gobierno del Estado y de sostenerse esa postura ejercida contra los médicos que atienden a los internos del CEPRERESO de La Pila, las autoridades estatales estarán creando un clima propicio para la insurrección de la población penitenciaria.
Así lo advirtió el doctor en derecho y ciencias políticas José Enrique González Ruiz al conocer la demanda pública y laboral de ocho médicos que prestan sus servicios al interior del centro de reclusión de La Pila.
El también presidente de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero para el esclarecimiento de la Guerra Sucia en la década de los 70 y 80 en aquella entidad federativa, demandó la intervención de oficio en este caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Solicitó asimismo a los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje que han conocido dos demandas laborales conjuntas de los facultativos sustraerse de las presiones políticas que pudieran pretender orientar el fallo laboral y, consecuentemente, afectar el interés de los denunciantes.
González Ruiz llamó a la mesura y a la cordura a las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal para que se abran a la negociación pacífica de la controversia sostenida con el personal médico del Ceprereso de La Pila, reconociendo plenamente los derechos laborales adquiridos por estos y, desde luego sus derechos humanos.
El abogado recordó que las personas en condición de servidores públicos son las primeras obligadas a sujetar sus actos a derecho, llamándolas a abstenerse de la tentación del ejercicio autoritario de sus facultades y pidiéndoles mesura ya que de la afectación al personal médico se desprende la de terceros, la población interna, que reaccionará demandando atención a sus padecimientos, medicamentos y tratamientos e intervenciones médicas.
Asimismo, reprochó el que se pretenda burocratizar los servicios médicos, sujetando a los profesionistas a horarios que se corren en las oficinas, descuidando la delicadeza de sus servicios y obligaciones y tratando, además, de conculcarles derechos laborales adquiridos por estos que, además son sujetos a riesgos de seguridad permanentes ocasionados por fallas administrativas que no son imputables a los médicos como es la insuficiencia de medicamentos, insumos de curación, instrumental médico-quirúrgico, instalaciones adecuadas para atender urgencias médicas, entre otras.