San Luis Potosí carece de una Procuraduría Ambiental con facultades de sancionar las emisiones y procesos industriales contaminantes que han afectado a diversas poblaciones del Estado y propiciado denuncias ciudadanas, como son los casos de Vigue Red Colector, Cementos Mocte-zuma, Minera San Xavier y Minera México, entre otros, aseguró el diputado local Martín Álvarez Cruz.
“El caso de la Secretaría del Ecología y Gestión Ambiental es el de una autoridad sin autoridad, porque carece de facultades sancionadoras contra los malos empresarios”, afirmó.
Ante los casos de cáncer que denuncian ciudadanos del municipio de Cerritos por las emisiones de la Cementos Moctezuma, el legislador por el Verde Ecologista dijo que “algunos industriales buscan eludir la ley, argumentando que no le compete a la autoridad estatal, diciendo que es la federal y viceversa”.
“Cuando exista una Procuraduría del Medio Ambiente se podrán establecer los alcances de cada una, la estatal y federal, para inhibir procesos industriales con un daño mayor al medio ambiente y sus pobladores”, añadió.
Por la multiplicación de cáncer en el municipio de Cerritos, dijo que “sería importante tratar de iniciar una investigación ante instancias adecuadas para contar con elementos necesarios y solicitar la intervención de autoridades competentes ambientales, para que revise los procesos en los que opera la cementera y cumpla con lo establecido en la norma o proceder con sanciones”.
“Toda acción del hombre causa daño al ambiente, pero es necesario apelar a la sociedad e industriales a mejorar sus procesos, porque la industria es un mal necesario”, señaló.
Álvarez Cruz dijo que los empresarios deben comprender que hay procesos tecnológicos innovadores que ayudan a mitigar la acción en contra del ambiente y de las personas, pero los empresarios deben aportar la parte que les corresponde para ayudar a contribuir con su protección y remediación.
El diputado local se comprometió a entablar un diálogo con autoridades federal, estatal y municipal, para buscar mecanismos que permitan la forma de inhibir los procesos industriales fuera de la ley.
