Llama diputada a garantizar la seguridad alimentaria

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia presentó una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable de San Luis Potosí, que tiene como fin el impulsar las políticas públicas de desarrollo rural, para mejorar la producción agropecuaria mediante el uso de tecnologías para la exploración de sistemas de cultivo y cosecha.
En su exposición de motivos, la legisladora indica que si bien la seguridad alimentaria debe garantizarse a través de políticas planteadas a nivel federal, desde lo local se deben considerar alternativas para que se cuente con una producción suficiente de alimentos, por conducto del establecimiento de las condiciones más convenientes para la agricultura y el desarrollo rural sostenibles.
Por ello, considera necesario un reajuste en las políticas agrícola y ambiental, mediante la utilización de incentivos económicos y el desarrollo de nuevas tecnologías, para disponer de suministros estables de alimentos, el acceso de los grupos vulnerables a ellos, y la producción para los mercados.
“Debe considerarse prioridad para la Entidad, mantener y mejorar la capacidad de las tierras agrícolas; la participación de la población; la diversificación de los ingresos; la conservación de la tierra; y una mejor gestión de los insumos; lo anterior, mediante el desarrollo de la investigación multidisciplinaria, y la transferencia de tecnología para la exploración de sistemas de cultivo y cosecha, el mejoramiento de las técnicas de producción de biomasa in situ, así como la gestión de residuos orgánicos y tecnologías de agrosilvicultura”, señala.
De estas propuestas, se desprende la iniciativa de reforma al artículo 21 de la Ley de Fomento al Desarrollo Rural, de manera que el programa sectorial que apruebe el Ejecutivo del Estado especifique los objetivos, prioridades, políticas, y estimaciones de recursos presupuestales, en los que se garantice la participación de los agentes de la sociedad rural, involucrando para ello a las instituciones de educación superior que lleven a cabo investigaciones en la materia, a efecto de incorporar sus aportaciones al programa.