La propuesta del PRI, de una consulta popular para eliminar a 100 de los diputados y a los 32 senadores electos en lista plurinominal, ha causado agitación entre la clase política y, como era de esperarse, ha interesado poco fuera de ella. Sin embargo, es un tema que concierne a todos los ciudadanos.
Más allá de su probable inconstitucionalidad —que es algo que, a fin de cuentas, definirá la Suprema Corte de Justicia—, el proyecto que impulsa el PRI tiene dos aristas, ambas electorales: la primera es granjearse simpatías populares; la segunda es, si llega a buen puerto, apuntalar el control del partido mayoritario sobre el proceso legislativo.
Es sabido que en nuestra democracia, una de las instituciones peor calificadas por la población es el Poder Legislativo. Se considera que hay un exceso de legisladores, que trabajan poco y cobran mucho.
Si adicionamos a esa mala imagen, el hecho de que hay medios cuya tarea obsesiva reciente ha sido documentar los abusos de diputados y senadores, tendremos claro que —de entrada— una mayoría simpatiza con la propuesta priista. De hecho, la población aprobaría medidas más radicales, y aun absurdas.
Los excesos, que contribuyen a la desafección ciudadana hacia la clase política, no han sido acompañados de una contracampaña, que explique la importancia del legislativo en la vida democrática nacional. Los promocionales de televisión son tan demagógicos, que terminan siendo un arma de doble filo.
Dicho esto, llama la atención que la reducción que se propone sea exclusivamente de diputados y senadores plurinominales, y que el principio de la campaña sea dividir a los congresistas entre los “elegidos por la gente” (los de distrito) y los “elegidos por los partidos” (los de lista). Aquí hay un sofisma que debería ser evidente: el sistema de elección a dos vías está construido, precisamente, para que el ciudadano tenga representación aún cuando en su distrito no gane el partido de su preferencia. Somos muchos quienes votamos pensando más en la lista que en el distrito.
En la mayor parte de las democracias europeas, los parlamentarios son electos mayoritariamente por listas de partido. No creo que por ello los ciudadanos de esos países se sientan menos representados.
Lo que sucede en esos países es que la distribución de curules tiende a reflejar de una manera más cercana las preferencias de los electores y, por ende, no suele haber una mayoría clara, lo que obliga a los partidos a negociar y coaligarse.
La propuesta priista no es nueva. Ya la había hecho, hace poco más de una década, el diputado Felipe Calderón, quien entonces encabezaba la bancada del PAN. La idea expresada en aquel entonces era que había que facilitar la formación de mayorías. Y resultaba, no casualmente, de las enormes dificultades del gobierno de Acción Nacional para hacer aprobar reformas, dada la división del PRI en esos años.
Las reformas aprobadas durante la presidencia de Enrique Peña Nieto nos demuestran que el problema no era la inexistencia de una mayoría clara en las dos cámaras del Congreso, sino la incapacidad de los gobiernos anteriores para formar coaliciones que hicieran aprobar leyes capaces de transformar el país. Lo que faltaba era habilidad política. Los dos años recientes son muestra de que sí se pueden hacer grandes transformaciones legislativas sin forzar mayorías artificiales.
Y la conformación de 300 diputados uninominales y 100 plurinominales tampoco es nueva. Es la que existía tras la primera reforma política, la de 1977, en los tiempos del partido prácticamente único. Se quiere justificar el retroceso de casi cuatro décadas con el argumento de que ahora ya hay pluralidad, y que no es necesario promoverla más.
En la realidad, sucede lo contrario. La partidocracia pone cada vez más alta la vara para la formación y la preservación de nuevos partidos. Es la lógica de cerrar la casa, del coto. México es más plural que su Congreso.
La propuesta implica que la brecha se abra.
Pero la propuesta implica, sobre todo, una mayor sobrerrepresentación del partido que resulte ganador, un Congreso tendencialmente bipartidista (por eso, más que por otra cosa, el PRD, que se prevé tercero en los próximos comicios, está en contra), un menor incentivo a los acuerdos y un mayor incentivo a la imposición mayoritaria.
En congruencia con lo anterior, y tomando en cuenta que sí hay un clamor popular para disminuir el número de legisladores, una propuesta razonable sería disminuir un centenar de diputados, sí, pero de manera tal que se mantenga la proporción entre los elegidos por distrito y los elegidos —de una manera igualmente democrática— por la lista plurinominal: 60 diputados de distrito y 40 pluris menos.
En el Senado se puede buscar una fórmula análoga… a menos de que nos creamos el cuento de que de veras la cámara alta es expresión del pacto federal.
En ambos casos, los diputados y senadores plurinominales serían, como siempre, quienes encabezaran las bancadas, guiaran las discusiones y presentaran más iniciativas.
El proyecto de marras, más que cualquiera otra cosa, nos indica que, terminada la primera fase de reformas de este sexenio, los partidos ya se aprestan a la campaña electoral del 2015.
Por eso cada uno trae colgada su consulta popular. Nos indica que se acabó el tiempo de los acuerdos y viene el de la competencia. Bienvenido sea, en democracia.
Sólo hay que recordar una cosa.
Terminadas las elecciones, volverá a ser tiempo de negociación. Será necesario terminar con las disonancias buscadas en campaña.
Volverá a ser tiempo de acordar, de ponerse en armonía.
Y para ello, en nada ayudará esta consulta popular con tintes electorales.
