Luego de que se difundiera la adquisición gubernamental de equipos y tecnologías utilizadas para realizar labores de espionaje telefónicos y en las comunicaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su presidente, advirtió a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad que en todo caso al proceder una intervención de esta naturaleza debe obrar una orden debidamente firmada por un juez.
Jorge Vega Arroyo, presidente de la CEDH, subrayó la obligatoriedad de la ley en este sentido, aunque justificó la adquisición de estas tecnologías, con un costo de 21 millones de pesos, como necesaria, pero en casos perfectamente justificados.
Llamó a evitar el uso de las mismas para espiar y monitorear a los ciudadanos calificados como activistas sociales o señalados como opositores al régimen gubernamental y al grupo y partido político que ostente el Poder Ejecutivo Estatal.
El manejo de estas tecnologías deberá realizarse a través de personal perfectamente capacitado pero también calificado. Los operadores de este sistema tendrán que ser evaluados en los ámbitos de la estricta confianza.
Entre tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se mantendrá atenta para recibir las denuncias ciudadanas que se desprendan de un eventual mal uso de estas tecnologías, pues nadie absolutamente nadie, sin una orden expresa de un juez, puede incurrir en acciones de espionaje, invasivas de la privacidad.
Por su parte, la asociación civil Ciudadanos Observando cuestionó la adquisición de estas tecnologías, destacando que al momento las autoridades estatales han procedido a la instalación de cámaras de seguridad en diversos puntos de la ciudad y, específicamente en el Centro Histórico, y de las que se han obtenido muy pobres resultados en lo que se refiere a la garantía de la seguridad pública que reclaman los potosinos.
