Los 72 migrantes fueron ejecutados en el ejido de El Huizachal, a todos les dispararon por la espalda y muchos tenían el “tiro de gracia”. Se presume que integrantes del cártel de Los Zetas fueron quienes perpetraron la masacre abandonando los cuerpos en una bodega, apilados.
Los 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados por no entregar una cantidad que el cártel les pedía o porque decidieron no pertenecer a las filas de este grupo criminal.
El único sobreviviente, un joven proveniente de Ecuador, logró escapar tras fingirse muerto para después llegar a un retén en donde dio aviso a las autoridades sobre la masacre.
Según informes de Amnistía Internacional, durante 2011, en San Fernando, se encontraron cerca de 200 cuerpos en fosas clandestinas, los cuales, pertenecían a personas migrantes tanto mexicanos como de otros países.
Impunidad e irregualridades
El 23 de diciembre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una recomendación, sin embargo, ésta no calificaba los hechos como violaciones graves a los derechos humanos, no ofecía una explicación sobre lo ocurrido ni otorgó una reparación integral del daño, según datos de Amnistía Internacional.
Las autoridades aseguraron que ya habían identificado a 60 cadáveres, pero las irregularidades dieron inicio ahí ya que el gobierno hondureño recibió a 16 cadáveres que supuestamente eran connacionales. Honduras decidió suspender la repatriación debido a que cuatro cuerpos no tenían pruebas de ADN, ni ningún tipo de información, además de que tenían prohibido abrir los féretros.
Además, 11 guatemaltecos fueron incinerados pues supuestamente habían sido identificados pero el proceso se llevó a cabo sin autorización de los familiares de los migrantes.
