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    Obligatorio reparar las violaciones de derechos humanos, dice diputado

    By on 25 agosto, 2014

     

    El diputado Jorge Vera Noyola, junto con los legisladores Fernando Pérez Espinosa y Juan Manuel Segovia Hernández, presentó la iniciativa de Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
    En su exposición de motivos, la iniciativa señala que de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, se introduce también el precepto que establece la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos.
    “En ese tenor, la presente Iniciativa busca otorgar una intervención más amplia a la víctima, al ofendido y a la nueva figura del asesor legal, tanto en la etapa de investigación como durante el proceso, para que aporten directamente las pruebas, ya sea para el ejercicio de la acción penal o para la acreditación de los presupuestos necesarios para la imposición de una pena o medida de seguridad, así como para el aseguramiento o la restitución de sus derechos y el embargo precautorio para garantizar la reparación de daños y perjuicios causados por el delito”, señala.
    Se agrega que esta legislación tiene un carácter humanista, y es armónica con tratados internacionales, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la nueva la Ley General de Victimas y con el Código Nacional de Procedimientos Penales y pone en el centro de atención las necesidades de las víctimas y sus familiares, a través de establecer las obligaciones que tiene el Estado para su observancia, así como las sanciones para quienes no la cumplan en concordancia con las leyes federales.
    Tiene por objetivo el reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, en especial los derechos a la ayuda inmediata, la asistencia y la atención, la protección, y de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
    Además, garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso y establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas.

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