Las esferas gubernamentales y sus abultadas burocracias han generado un nivel de endeudamiento público de características auténticamente criminales. Según datos ofrecidos por la propia administración peñanitista, a través de Hacienda, el conjunto de los mexicanos en el territorio nacional y en el exterior del país “debemos” ya 55 mil pesos, advirtió el analista político José Enrique González Ruiz.
El catedrático e investigador universitario apuntó que, de acuerdo con datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el dispendio del gobierno y sus burocracias, asciende a más de 6 billones de pesos.
Resulta que los trabajadores miniasalariados deben pagar por el dispendio y los pasivos de los “servidores públicos” de los tres niveles de gobierno, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los organismos descentralizados. Este esfuerzo –dijo—, consumirá, en el mejor de los casos, los ingresos generados a lo largo de dos años y medio de trabajo, y sin que un solo peso, un solo centavo se aplique para la adquisición de insumos y satisfactores de las necesidades de la familia.
La esfera gubernamental ha venido consumiendo en los últimos 18 meses, algo así como 1 mil 600 millones de pesos ¡diarios!. Esto ha llevado a la acumulación de un débito público de más de 6 billones de pesos.
En dos años, el gobierno de Peña Nieto pasó de una deuda pública de poco más de 5 billones a más de 6 billones; esto es, ha gastado en este corto lapso un billón de pesos; la deuda pública creció de 18 por ciento del Producto Interno Bruto al 36 por ciento, sin que este insólito y criminal nivel de endeudamiento se haya traducido en un mejor nivel de vida de millones de ciudadanos.
Hay que recordar que casi el 64 por ciento de los mexicanos viven hoy en condiciones de pobreza, y de entre estos un 48 por ciento viven en el marco de la franca y abierta pobreza; los especialistas estiman que menos de un 10 por ciento de los mexicanos viven en condiciones de riqueza.
Todo esto, que verdaderamente convoca a la alarma, dijo el investigador universitario adscrito al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, aún no incorpora los efectos de los pasivos que se están generando a partir de la desincorporación del sector público de las ex paraestatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Es claro, entonces que los precios y tarifas de este sector seguirán inyectando altos porcentajes de inflación en perjuicio de la mayoría trabajadora en las zonas urbanas y en las zonas rurales, advirtió el doctor en derecho y ciencias políticas José Enrique González Ruiz.
