Nuevo sistema penal reducirá impunidad: PGR

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa no sólo un parteaguas en los métodos de procuración e impartición de justicia sino también un verdadero cambio que todos los actores involucrados deben asumir con responsabilidad y compromiso.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, Rodrigo Archundia Barrientos, subrayó la importancia de tener instancias de procuración de justicia profesionales, eficientes, honestas e imparciales.

Durante el Sexto Congreso Internacional de Ciencias Forenses, indicó que en todo momento esos organismos «deben velar por la exigencia histórica de procurar un real acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, sobre la base de un actuar científico, objetivo y más allá de toda presión o sesgo político» .

El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que el sistema penal en el país transita del procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y adversarial, bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

En la ponencia El Papel del Fiscal como líder de la investigación forense en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, subrayó que la autonomía de los órganos de procuración de justicia constituye un aspecto fundamental a partir de las nuevas funciones que le asigna el propio sistema de justicia.

En el auditorio Miguel Gilbón Maitret, del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) , Archundia Barrientos indicó que la creación de la Fiscalía General de la República representa un replanteamiento integral de la instancia de procuración de justicia en el país.

«Esto se hace acorde a las necesidades y requerimientos que impone la nueva realidad que impera en México, en la consolidación de un Estado Democrático de Derecho» , aseveró.

Por último, expuso que uno de los propósitos de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es la despresurización de la administración de justicia para hacerla expedita y eficiente, de modo que reduzca significativamente los niveles de impunidad.