La ex diputada Guadalupe Castro Almanza, en su reclamo por la intervención de las autoridades en el sistema agropecuario de Pujal-Coy, incluso realizó una huelga de hambre, misma que fuera acremente criticada en el propio Congreso del Estado.
Recurrí a ella –relata la ex legisladora local y actual dirigente Estatal de la Unión Campesina Democrática—, no por protagonismo, sino como una estrategia para llamar la atención de la problemática de los productores agropecuarios de aquella región.
El proyecto agropecuario de Pujal-Coy aportó en su momento la esperanza de recuperación de la capacidad productiva agrícola y pecuaria de San Luis Potosí; se trataba de un proyecto bien concebido, contando con infraestructura hidráulica y el compromiso de apoyar con maquinaria y con créditos la producción.
Luego esto se perdió de vista, la manipulación política, los olvidos gubernamentales, la apropiación ilegal de la tierra, el caciquismo tolerado por las autoridades, hicieron que todo esto se convirtiera en nada.
El predio, que había pertenecido a un ex gobernador de Tamaulipas, de apellido González, se convirtió en un campo de batalla. Se había pensado entregar esta superficie a las comunidades étnicas (tének y náhuatl), con el objetivo de sacarlas, paulatinamente, de su ancestral pobreza y de incorporarlas productivamente a la comunidad potosina. Un acto de justicia histórico-social que no fructificó, observó la lideresa de la UCD.
Castro Almanza, integrante de la corriente perredista del Nuevo Sol, dijo que ante la gravedad de la situación que prevalece en el Pujal-Coy y las nuevas amenazas de despojo, como la que representa el Proyecto Hidráulico Monterrey VI, consistente en acarrear el agua del río Coy a la zona metropolitana de Monterrey, la UCD ha solicitado la intervención del Congreso Nacional Agropecuario para demandar a los gobiernos de la federación y del estado de San Luis Potosí soluciones reales, justas y legales, así como para el reimpulso del proyecto original, para que de esta manera se reactive la producción agropecuaria, se garantice al menos en parte el suministro de alimentos que reclama la población de San Luis Potosí y que ahora se deben importar de otros estados como Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.