El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado denunció la persistencia de políticas gubernamentales de hostigamiento, persecución y depredación del sindicalismo independiente, a través de una frecuente violación de los derechos humanos, políticos y laborales de los trabajadores.
Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del esta organización laboral, demandó a la directora del Instituto Potosino de las Bellas Artes la inmediata restitución en sus labores y derechos de un trabajador afiliado al SITTGE, despedido sin justificación alguna, violando los derechos adquiridos a través de una relación laboral de trece (13) años ininterrumpidos al servicio de las instituciones de gobierno del estado, tres de los cuales se han realizado en el Instituto Potosino de las Bellas Artes.
Laura Elena González Sánchez, directora del IPBA, determinó la inhabilitación de este trabajador a sólo tres días de que el SITTGE alcanzó un acuerdo con el gobierno de San Luis Potosí, por el que este se comprometió con el respeto irrestricto de los derechos adquiridos por los trabajadores.
No obstante, González Sánchez, de manera unilateral y autoritaria procedió a la inhabilitación del trabajador José Jorge Cato Trujillo, quien se desempeñaba como Jefe de Departamento; la acción movilizó a los trabajadores afiliados al SITTGE, quienes den demanda de la reinstalación de su compañero han venido realizando acciones de protesta pública en las escalinatas del Instituto Potosino de las Bellas Artes.
Una acción solicitada por Laura Elena González a la Contraloría derivó en el levantamiento de un acta en la que se desconoció a Cato Trujillo en su calidad laboral de Jefe de Departamento, sin concederle derecho de réplica y defensa, dejándolo en la indefensión, explicó la lideresa del SITTGE.
Manifestó que el SITTGE no está dispuesto a permitir estas acciones autoritarias, muchas de ellas derivadas de la incapacidad y la soberbia de servidores públicos por designación –y en consecuencia temporales—, que sólo actúan para demostrar (y sentir) que tienen poder de decisión y que incluso lo tienen por encima de la ley y por encima de los derechos de los trabajadores.
Reséndiz Lara comprometió el apoyo sindical a Cato Trujillo y desechó el argumento hasta ahora esgrimido de que se trata sólo de una persona; “nosotros defendemos los derechos de nuestros afiliados, así se trate solamente de una persona; para nosotros es importante proteger sus derechos y los derechos de terceros que dependen de nuestros militantes, como es el caso de sus familiares: de sus esposas/esposos e hijos”.
