Recomiendan crear un Consejo Estatal de Discapacidad en SLP

Sería pertinente impulsar la creación de un Consejo Estatal de Discapacidad, que se instituya como garante de los derechos de las personas con discapacidad, y a partir del cual se construya una política pública en el Estado de San Luis Potosí que incluya de manera plena a las personas que viven con discapacidad, así mismo, a partir de la atención de casos individuales garantice a las personas que viven en esta situación, el acceso a todos sus derechos.
Así lo indicó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de un comunicado de prensa, difundido este lunes. En el mismo comunicado, asegura haber tenido conocimiento de la realización de diversas acciones del gobierno del Estado de San Luis Potosí para lograr el acceso a recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, a fin de brindar accesibilidad a personas que viven con discapacidad a las Unidad Básicas de Rehabilitación mediante vehículos adecuados para su movilidad.
Jaime Rochin, Carlos Ríos Espinosa, Julio Hernández Barros y Rosario Torres Mata, integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sostuvieron el pasado 30 de mayo de 2014 una reunión de trabajo con el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, en la cual se resaltó la situación de exclusión que viven niñas y niños con discapacidad en la Huasteca, agudizada por la pobreza e inaccesibilidad a espacios y servicios públicos, lo que obstaculiza una participación social amplia y favorables.
En aquella reunión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se mostró sensible al tema y asumió el compromiso de elaborar un programa de trabajo con el objeto de atender la problemática, indicó la CEAV a través de un comunicado de prensa.
“El Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se congratula con las acciones realizadas, mismas que aportan a la inclusión de todas y todos a una sociedad participativa, incluyente y democrática, con estas acciones se crean mecanismos para asegurar la no victimización de las personas que viven con discapacidad y la generación para éstas de condiciones para la realización de los derechos a un trato digno, a la autonomía individual, independencia, no discriminación, así como avances importantes para su participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad”, señala el comunicado.