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    Interregnum: el reto de hacer realidad las reformas

    By on 19 agosto, 2014

     

    Para cerrar la comparación entre las propuestas de reforma contenidas en el libro México la gran esperanza, publicado en noviembre de 2011 por Enrique Peña Nieto, y los alcances de los acuerdos políticos y legislativos hechos al amparo del Pacto por México, toca ahora el turno a la valoración de lo hecho en materia fiscal y en el ámbito energético.
    A diferencia de las reformas aplicadas en la educación, en el ámbito financiero, en las telecomunicaciones y en los procesos electorales, las iniciativas en materia fiscal y energética partieron de una definición significativamente más compleja: eran prácticamente los únicos dos sectores en los que nunca se habían logrado implementar cambios de fondo por las fuertes resistencias políticas y empresariales que aparecieron en cada momento.
    Baste recordar las encendidas protestas callejeras y los fuertes desacuerdos dentro y fuera de los órganos legislativos surgidos en las administraciones de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox y durante la presidencia matrimonial de los Calderón-Zavala.
    De esta manera, era de esperarse que las propuestas del presidente Peña Nieto encontraran animadversión desde el mismo momento de ser formuladas y anunciadas. Lo sucedido, no obstante, bien puede ser considerado sorprendente y hasta revelador.
    En el caso de la reforma fiscal, tal parece que las reformas fueron impulsadas y soportadas simbólicamente por todas las posturas que dentro y fuera del país reclamaban que México se ajustara finalmente a las condiciones del resto de sus socios comerciales y países cercanos.
    Esto es, que se adoptaran los acuerdos políticos y jurídicos necesarios para ampliar la base de contribuyentes y para hacer efectivos niveles de imposición y recaudación acordes al nivel de desarrollo y diversificación de la economía nacional.
    Al compararse lo planteado en el libro de Peña Nieto del otoño de 2011 y lo aprobado por los legisladores federales a fines de 2013, resulta una relativa similitud en los propósitos y los alcances.
    Claro está que mientras la propuesta inicial mantiene un halo de relativa virtud, la nueva política fiscal ha tenido que enfrentarse a conflictos y tensiones que intentan demostrar su poca pertinencia y hasta un carácter de abuso, injusticia y arbitrariedad.
    La reforma energética se muestra igualmente inserta en un contexto de fuerte tensión y polémica entre las posturas extremas que demandan, de un lado, una mayor apertura a la inversión privada y la eliminación de la dependencia de las finanzas públicas respecto de la renta petrolera y, por otro, los fundados temores de que los hidrocarburos y la energía eléctrica terminen siendo sectores dominados únicamente por intereses pecuniarios, alejados de propósitos de orden social.
    Para fortuna del país y del propio debate político, lo definido en la reforma constitucional y en las nuevas leyes en la materia no se limita al establecimiento de un nuevo régimen de derechos y obligaciones.
    Si bien se crean nuevas figuras, como la de Empresa Productiva del Estado, es claro y evidente que el grueso de las decisiones se inserta en el complejo campo de la implementación.
    Como el propio presidente Peña destacó en su discurso al momento de la promulgación de la nueva legislación, el reto central del nuevo régimen se encuentra en la necesidad de que todo lo planteado incida en las operaciones cotidianas de los organismos públicos y en la concreción de procesos efectivamente virtuosos de mayor inversión, mayor producción y reducción de precios y tarifas.
    Por ello, bien podría decirse que el colofón del proceso de reformas no podría ser uno que manifieste que el trabajo se ha terminado.
    Es más bien justo lo contrario.

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