La Contraloría General del Estado se queda corta en emitir sanciones por actos de corrupción en la administración pública, toda vez que hay intocables para el titular de la dependencia, Alejandro Padrón Moncada, aseguró Eduardo Martínez Benavente, ex diputado local por el PRD y titular de la Notaría Pública Número Uno.
Respecto de las sanciones contra ex funcionarios marcelistas, como los de la Dirección de Pensiones, declaró: “El señor de la Con-traloría General del Estado tenía que haber sancionado también a toda la Junta de Gobierno y al Consejo Directivo de Pensiones en los tiempos de Marcelo de los Santos, por haber sido quienes autorizaron esa inversión”.
Y añadió: “El ex director fue un ejecutor, de acuerdo en lo que se violó en la Ley de Pensiones, porque se prohíbe terminantemente hacer inversiones en instrumentos especulativos, como fue lo que ocurrió y hubo una perdida millonaria”.
Sin embargo, agregó que hubo un mayor daño en las finanzas de la Dirección de Pensiones estatales, derivado a que “en tiempos actuales se ordenó que se realizara la venta de las acciones al precio que tenían con la depreciación, que resultó en una cantidad sumamente baja”.
“Choca y repugna que se haga una aplicación selectiva de la justicia, porque no se toca a quienes toman la decisión”, reprochó.
Respecto a las sanciones impuestas por un daño de 1 mil 500 millones de pesos y de las que se pretende cobrar a 7 mil millones dijo, “esas sanciones emitidas son impagables, ni remotamente las tienen las personas”.
“Aquí quieren dar una imagen de que se hace justicia en San Luis y que el que la hace la paga. Pero eso es falso, porque no se sanciona a toda la Junta de Gobierno, que autorizó poner en riesgo el dinero de las pensiones de los burócratas estatales”, puntualizó Martínez Benavente.
