Diputados presentaron una iniciativa para expedir una nueva Ley de Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí.
Esta nueva legislación, abroga la existente que fue aprobada en el año 2012 y que contiene las nuevas disposiciones emitidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado en marzo pasado.
En la exposición de motivos, se indica que para contar con una armonización integral de la legislación estatal con el referido Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere contar con una Ley de la Defensoría Pública del Estado donde se incluya la defensa de menores de edad, y establecer la estructura y mecanismos que le permitan equilibrar sus condiciones a la par de la Fiscalía General del Estado, que vendrá a sustituir a la Procuraduría General de Justicia.
De esta manera, se establece que la Defensoría Pública del Estado reemplazará a la Defensoría Social y de Oficio del Estado, en concordancia con los postulados del nuevo Sistema de Justicia Penal de corte adversarial, y que como órgano desconcentrado de la administración pública, será dependiente del Despacho del Gobernador.
Contará con la autonomía técnica y de gestión que le permitirá operar de manera ágil y eficiente para cumplir efectivamente con su propósito de brindar la debida defensa pública que garantizan los artículos 20 de la Constitución General de la República y 18 de la Constitución Política del Estado.
Con ello, se indica, se dará certeza al cumplimiento del principio de contravención y demás principios torales que establece el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que entrará en vigor en el estado el 30 de septiembre próximo.
Al contar con modificaciones en más de un 50 por ciento, se hace necesario abrogar la anterior legislación y presentar una nueva ley, en donde se integren los principios torales para una defensa adecuada de los implicados en algún procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Penal Acusatorio.
Esta iniciativa de nueva legislación fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales; Justicia, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su análisis.