La licitación y operatividad de la empresa Intel Tráfico, responsable de aplicar la foto infracción en la ciudad de San Luis Potosí, cumplió con todos los requerimientos de ley para adjudicarse la concesión municipal de imponer multas electrónicas por exceder los límites de velocidad, aseguró Pedro Hidalgo Martínez, Oficial Mayor del Ayuntamiento de esta Capital.
En breve entrevista, el funcionario municipal certificó que esa empresa jalisciense está debidamente constituida para ser concesionaria del Ayuntamiento. “Desconozco el tiempo en que se constituyó, pero no es impedimento para que se le hayan contratado sus servicios”, aclaró.
Además, Hidalgo Martínez rechazó que se estén violentando los datos personales de los infractores y reiteró que Intel Tráfico “ha cumplido en el marco legal y ha trabajado bien”.
“Es una empresa seria”, remarcó el funcionario, quien era resguardado por custodiados personales, durante la breve entrevista ofrecida en las inmediaciones del edificio del Congreso del Estado, ubicado en la Calle de Pedro Vallejo de esta Capital, sitio de donde se retiró rápidamente.
El Oficial Mayor tampoco respondió si el Ayuntamiento de San Luis realizó un pago a la CEGAIP por el derecho del manejo de datos personales, por medio del cual se hace entrega de la multa electrónica a los infractores en sus domicilios. El funcionario se limitó a decir que “los beneficios se ven reflejados en cuanto a que se han bajado los accidentes y que se han salvado vidas con este programa”.
Se le insistió si Intel Tráfico no viola los datos personales, protegidos por el IFAI, y solo se sujetó a decir que “la empresa trabaja muy bien… dentro de toda la normatividad”.
Cabe mencionar que anteriormente se habló de un acuerdo con la Secretaría de Finanzas, a fin de conocer la ubicación de los propietarios de las unidades que son identificadas por exceder el límite de velocidad.
Antes, la regidora Nadya Edith Rangel Zavala hizo cuestionamientos respecto a la legalidad del uso de datos personales para entregar las multas electrónicas en los domicilios de los infractores.