El Nuevo Sistema de Justicia Penal y que operará a partir del 30 de septiembre en San Luis Potosí, dejó de lado la capacitación de los abogados para la atención a las víctimas del delito, advirtió el presidente de la Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Abogados, Martín Vaca Huerta.
No obstante, la preocupación por la capacitación de los operadores del sistema, se registró este lamentable olvido, aseguró el líder de los abogados. Y es que una nueva figura no ha entrado aún en San Luis Potosí al rol del nuevo sistema que deberá comenzar a operar el 30 de septiembre: el asesor jurídico.
En función de esto, la Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Abogados llamó a las autoridades judiciales a trabajar intensamente con la figura y preparación del asesor jurídico para garantizar a cabalidad la obligación de la reparación del daño.
Las reformas constitucionales y la Nueva Ley de Víctimas implican que el ofendido, la víctima, debe contar invariablemente y sin excusa con el apoyo de un abogado, por lo que se requiere meter el acelerador a fondo para que la víctima sea acompañada en cada momento del proceso, asesorada hasta el final, con el objeto de lograr una reparación integral del daño infligido.
Indicó que es preocupante que esta figura –la del asesor jurídico de las víctimas–, haya sido obviada y olvidada en el diseño del nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio que habrá de implementarse tardíamente en San Luis Potosí.
El asesor jurídico, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, debe ser proporcionado por el Estado; por el momento, y toda vez que no se ha analizado en el contexto de la implementación del nuevo sistema de justicia, se desconoce el número de abogados con función de asesoría jurídica a las víctimas, que dependerá del volumen de las causas penales que tenga en este momento, considerando los rezagos.
Martín Vaca dijo que lamentablemente los índices en materia de reparación del daño ocasionado a las víctimas del delito no rebasa el 3 por ciento del total de las averiguaciones y procesos judiciales, razón por la que es una obligación del gobierno (del Estado en general) proporcionar capacitación en igualdad de circunstancias con los operadores del sistema y los fiscales, a los asesores jurídicos, y es aquí donde se observa con preocupación una lamentable omisión que se suma a la insuficiencia de la infraestructura para la operación del nuevo sistema penal acusatorio.