La represión y criminalización de la protesta y el liderazgo social no tienen cabida en un estado auténticamente democrático, sostuvo el analista político y activista social José Enrique González Ruiz tras conocer las actuaciones policíacas que entre la tarde y noche del viernes pasado produjeron la detención de dos dirigentes sociales, uno en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina y otro cuando arribaba a su domicilio particular.
El ex rector de la Universidad de Guerrero y catedrático e investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, conoció los detalles de la detención y virtual secuestro policiaco por tres horas del líder de la organización ambientalista potosina, Sergio Serrano Soriano y otros dos integrantes de ese movimiento ambientalista, cuando se manifestaban en la FENAPO demandando el retiro de la empresa Minera San Xavier de la cabecera municipal de Cerro de San Pedro.
Los datos proporcionados por los detenidos indican que, en una primera acción fueron trasladados a las instalaciones del edificio de seguridad y posteriormente a la Comandancia Oriente de la Policía Municipal, estando retenidos sin pruebas de ilícitos tres horas; posteriormente, cuando decidieron reanudar la protesta contra las operaciones de la empresa Minera San Xavier, fueron interceptados de nueva cuenta en el camino de la Feria por seis camionetas Pick-Up con alrededor de sesenta agentes de la Policía Estatal, quienes adujeron cumplir instrucciones de sus superiores jerárquicos para que se les impidiera llegar a las instalaciones feerísticas.
Esa misma noche, al filo de las 10, uno de los integrantes del liderazgo colegiado del movimiento estudiantil universitario YoSoy132 SLP, Michel Hernández, fue interceptado por elementos de la Policía Estatal, quienes procedieron a su detención argumentando que este se encontraba en estado de ebriedad –ya en las instalaciones policíacas se comprobaría que no había ingerido bebidas alcohólicas.
Para el también presidente de la Comisión del Estado de Guerrero para el Esclarecimiento de la Guerra Sucia, se trató de actos de fuerza y de intimidación que no se sostienen en ningún gobierno democrático y que, en consecuencia merecen ser repudiados por la sociedad.
La tentación del ejercicio autoritario del gobierno de San Luis Potosí lo ha llevado a perder los estribos, buscando imponer sus criterios por encima de los derechos que la Constitución concede a los ciudadanos de este país y de este estado, sostuvo González Ruiz.