Mejorar el desempeño, los resultados y la competitividad en todas las actividades, contar, en el sector público y en el privado, con una fuerza laboral bien capacitada y con fuerte espíritu de trabajo y de cumplir obligaciones, erradicar la corrupción y las transas, son todos objetivos altamente deseados para que nuestro país pueda alcanzar un dinámico y equitativo desarrollo económico, social y político, y con ello el privilegiado lugar que merece en la escena internacional. Pero ello tiene que ser logrado con una política de inclusión a partir de los recursos humanos con los que ya contamos, buscando a partir de ello su continuo mejoramiento, la corrección de sus fallas, su aprovechamiento y no su dilapidación o descarte.
Esto viene a propósito de la estrategia emanada de la reforma educativa, con los mejores propósitos, de sujetar a los maestros del sistema educativo nacional a un esquema permanente de prueba de méritos para obtener y conservar su plaza y mejorar su lugar en el escalafón como docentes. ¿Todos los servidores públicos del país estarían anuentes a sujetarse a este esquema? No cabe duda, por supuesto, que el mérito y no el favoritismo o la transa es el que debe contar para estos efectos pero, al mismo tiempo, la estrategia tiene que ser diseñada también para proteger, conservar y mejorar los recursos humanos que produce nuestro propio y todavía imperfecto sistema, con la visión optimista de que en el mediano plazo esto redundará en los mejores resultados para todos, y no dejará atrás indeseables ambientes de fracaso o frustración. No deberán ser desatendidas, así, las manifestaciones de protesta en contra de la inestabilidad laboral de los maestros en Oaxaca o Michoacán y en otras entidades.
Porque nuestro imperfecto sistema tiene todavía fallas que se deben ir corrigiendo, como lo analizan extensamente los especialistas, como el maestro Víctor Manuel Barceló, cuyas propuestas son muy de tomarse en cuenta, como las de no centralizar demasiado los esquemas de gestión escolar sino atender debidamente las condiciones regionales y locales, fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y la operación de los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel. También, ¿están las escuelas normales titulando a un número excesivo de maestros en relación a las plazas que se les ofrecen?; ¿se está tomando en cuenta, en la formación de los maestros requeridos, la reducción relativa de la proporción de niños y adolescentes en la estructura poblacional y escolar? Porque está claro que todo normalista egresado que cumplió adecuadamente con el currículo escolar aspira a ser contratado como maestro, su especialidad, y encuentra frustrante el que tantos obstáculos se le opongan a esa aspiración, que es una necesidad.
Y luego está la cuestión de mantener la estabilidad laboral del docente en el importante proceso de mejorar su preparación, su efectividad, su calidad. Que la certificación de capacidades de los maestros en ningún momento se vea como la espada de Damocles a punto de caer sobre su cuello. Es inconcebible que en el reciente primer concurso de oposición para ingresar al Servicio Profesional Docente en niveles de preescolar, primaria y secundaria públicas de todo el país, basado en los nuevos lineamientos de la reforma educativa, prueba en la que participaron más de 130 mil aspirantes, ¡el 61 por ciento, 79 mil, fueran calificados como no idóneos para ocupar el puesto, y sólo 4 mil 558 tuvieran un buen desempeño! Pero el colmo es que la Secretaría de Educación Pública ¡únicamente ofrece 16 mil 505 plazas para los más de 51 mil aspirantes que sí aprobaron la evaluación! El enmarañado “proceso formal de ingreso al servicio” continuará para los aprobados con su demostración por tres años consecutivos ante un tutor de su nivel “idóneo para dar clases”, según declaró al respecto la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Schmelkes del Valle. Y considérese también que cerca de 33 mil sustentantes ya ocupan una plaza interina y estaban buscando la planta. Ningún sistema educativo exitoso puede resultar de este tipo de frustrantes esquemas.
No, el sistema educativo público nacional requiere, junto con una infraestructura material adecuadamente instalada y equipada, un cuerpo magisterial, además de muy competente, bien seguro y considerado en sus puestos de trabajo.
Por supuesto, su continua capacitación en “conocimientos y habilidades para la práctica docente, habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales” tiene que responder a un proceso permanentemente establecido desde la escuela normal con seguimiento en cada una de las etapas laborales de los maestros dentro de las escuelas, sin amenazas de castigo o despido. Obviamente, estos últimos han de ser plenamente justificables en los casos de grave o criminal contravención a las normas, a la ética o al comportamiento humano.
Mutatis mutandis, estos argumentos contra la inestabilidad laboral pueden ser aplicados también a los controles de confianza y certificación a policías y personal de seguridad en los procesos de reforma policiaca.
Por cierto
Muy loable que una brillante estudiante haya obtenido la calificación perfecta en el examen de ingreso a la preparatoria en esta capital, con 128 aciertos. Otros 4 aspirantes llegaron a 127 aciertos. Pero hay otra cara de la moneda que vale la pena considerar: para este examen se registraron 309 mil 502 estudiantes, aunque 25 mil no completaron el proceso; de esta suerte, si bien en materia educativa hay que vencer los mayores retos, ¿es académicamente aceptable, está bien diseñada, es justa, una prueba en la que de casi 285 mil sustentantes solo una obtuvo el 100 por ciento de aciertos?
