La Procuraduría General de Justicia de Michoacán ha prohibido a familiares, colegas y personal de la clínica del IMSS No.4, de Zamora, hablar «con periodistas y gente extraña» del caso de la doctora que fue secuestrada, mutilada y rescatada, para «no entorpecer las investigaciones y poder dar con los culpables».
Los médicos de este hospital trabajan bajo una nueva presión, desde que fue secuestrada la doctora y pocos son los que han podido hablar con ella.
Varios de sus colegas han sido llamados a declarar ante la PGJE y han sido advertidos de no comentar ni intercambiar información con nadie que no sea la autoridad judicial.
La doctora agredida ha sido internada en otro hospital no revelado, para salvaguardar su integridad.
De igual forma, los parientes de la doctora han solicitado no revelar pormenores de su estado de salud, ni datos personales que pudieran en un momento dado, facilitar que sus agresores puedan ubicarla.
«Ya se encuentra estable y recuperándose. Ya hizo varias declaraciones con la policía y ha pedido no hablar con más gente que la necesaria», dijo uno de los familiares que pidió anonimato.
El Universal pudo constatar las condiciones en las que se trabaja en esta clínica en la que laboran 30 médicos de diferentes especialidades, aproximadamente.
Como en otras clínicas del IMSS, largas filas de pacientes se presentan desde temprana hora para esperar el turno de ser atendidos a pesar de que una enfermera aseguró que las citas regulares, para revisiones de rutina, se pueden hacer por teléfono.
El área de urgencias se ve igualmente concurrida en un viernes como este, donde es frecuente observar accidentados en vehículos, atropellados y una mujer que llega para ser atendida de parto.
Trabajadores administrativos de esta clínica dijeron a El Universal que en el último mes se han registrados dos óbitos -fetos muertos- en el área de ginecología de la clínica 4 del IMSS de Zamora, donde laboran seis especialistas, en tres turnos diferentes.
Mientras tanto, en la ciudad de Morelia, el secretario de salud en Michoacán, Carlos Aranza Doniz, admitió que «por lo menos la mitad de los 109 centros de salud de primer nivel se encuentran en total abandono».