Como un despropósito al margen de la ley y mayormente orientado a una grotesca recaudación de recursos públicos en la que poco importa a las autoridades municipales exponer los datos personales de los ciudadanos en su jurisdicción ante una empresa privada, Arturo Hernández Tovar, Maestro en Derecho Penal e integrante de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, calificó el programa municipal denominado Foto – Infracción.
Hernández Tovar observó que las autoridades municipales, de manera aún impune, determinaron la entrega de datos personales de los ciudadanos a una empresa particular con la que, además, se han asociado, comprometiendo el reparto de la recaudación al 50 por ciento con empresarios oriundos del Estado de Jalisco, y de los que no se deriva ninguna certeza jurídica en materia de reserva de datos personales de los potosinos que resulten infraccionados en las vialidades de San Luis Potosí.
Indicó que, hasta ahora se desconocen las razones y los argumentos por los que las autoridades del gobierno capitalino en San Luis Potosí procedieron a entregar a una empresa particular la base de datos personales de los propietarios de vehículos que viven y circulan en la ciudad de San Luis Potosí.
Esto es muy preocupante: conocer la renuncia de las autoridades a su obligación de salvaguardar los datos personales de los ciudadanos que obran en su poder, dijo el abogado. Esto coloca a los ciudadanos integrados en la base de datos del parque vehicular, en una situación constante y permanente de riesgos, pues los particulares concesionados no pueden garantizar ni fugas de información, ni que en un momento dado puedan ofrecer esta base de datos a otros particulares dedicados, por ejemplo, a las actividades de mercadeo… o a actividades ilícitas.
La empresa contratada para ejecutar el programa de foto infracción vehicular tiene acceso a las placas, modelos de vehículos, datos personales de los propietarios, y a través de estos estará en capacidad de determinar el poder adquisitivo de los propietarios de estos vehículos, datos que no solo sirven a los empresarios dedicados al mercadeo, sino que, en manos de la delincuencia organizada significarán un fuerte impacto a la seguridad pública, elevando los niveles de los delitos como el secuestro y la extorsión, advirtió el Maestro en Derecho Penal.
Independientemente de esto, además, dijo el abogado Hernández Tovar, es perfectamente claro que al repartirse el 50 por ciento de los recursos recaudados por la foto-multa entre las autoridades municipales y la empresa, esta está haciendo, con la venta de datos personales, un mayúsculo y millonario negocio que no se traduce en beneficios para los ciudadanos y sí, en cambio, en riesgos contra su seguridad.
El abogado dijo que los afectados por este programa podrán reclamar el recurso del Amparo y Protección de las Autoridades Federales, en lo individual, en tanto que en lo colectivo la sociedad puede presionar para que el Congreso del Estado norme el procedimiento del uso de la base de datos ciudadanos y obligue a las autoridades municipales, si desean sostener este programa, a prescindir de los particulares y hacerse de las tecnologías correspondientes para seguirlos aplicando, apegándose estrictamente a su responsabilidad de salvaguarda de los datos personales.