La Iglesia Católica potosina no busca ni ha buscado confrontarse con las autoridades civiles en el caso de la denuncia formulada por la propia Arquidiócesis contra el ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, aseveró el representante legal de la curia, Marco Antonio Luna Aguilar.
El abogado de la Iglesia recordó que, en principio, se solicitó a la Procuraduría la coadyuvancia en el proceso judicial y se procedió a la entrega de los datos relacionados con el ex sacerdote, a fin de que las autoridades civiles dieran cumplimiento a las indagatorias correspondientes.
Reiteró que por lo que respecta a la situación jurídica de Eduardo Córdova Bautista, se procedió a la instalación del tribunal eclesiástico, en el marco del Derecho Canónico, se analizó el caso, se presentaron elementos de probanza y de defensa y se dictaminó suspender al indiciado como sacerdote, devolviéndose con esto a su condición civil.
Esta es la pena máxima prevista por el Código canónico para un sacerdote. El tribunal eclesiástico dictaminó la responsabilidad del ex sacerdote y presentó, posteriormente, una denuncia fundamentada ante las autoridades civiles con relación a un caso reciente –y vigente–, por el que se le acusa del delito de abuso sexual agravado contra un menor de edad.
Al presentarse esta denuncia se aportaron las pruebas y los datos obtenidos por la arquidiócesis, en tanto que la parte querellada (los familiares del menor de edad) debieron realizar las acciones correspondientes y que consideraron pertinentes para consolidar la denuncia, en su calidad de afectados.
Para la Arquidiócesis de San Luis Potosí, el caso Córdova concluyó con la sentencia por la cual se le ha prohibido el ejercicio como sacerdote; una pena considerada como de las más alta que se puede aplicar a un ministro de culto católico, en el contexto del Código Canónico.
El juicio civil queda bajo la responsabilidad de las autoridades públicas, así como los procedimientos que entraña. Se sabe que la Procuraduría General de Justicia en el Estado requirió la participación de la Interpol para la localización y detención de Eduardo Córdoba en más de un centenar de países y se presume que asimismo, solicitó la colaboración de las autoridades judiciales de otras entidades del país para el mismo efecto.
Reiteró que todo esto queda bajo la jurisdicción de las autoridades civiles, de acuerdo con la normatividad legal que rige las relaciones Iglesia-Estado y aporta atribuciones y obligaciones a las autoridades civiles competentes en la materia de la acusación penal.