El gobierno perredista de la capital ha redescubierto el tema del salario mínimo legal. Y ha iniciado una campaña para que sea aumentado sensiblemente el año próximo, a una cantidad que podría estar entre los 87 y los 100 pesos diarios. Aunque obviamente se trata de un tema de política económica general, y no de gobierno local, el asunto merece ser analizado.
Sobre los salarios mínimos legales hay que decir varias cosas. La primera es que los salarios son determinados, en lo fundamental, por los mercados ocupacionales. En los lejanos tiempos de Echeverría, el salario mínimo legal era, en términos reales, aproximadamente el doble del actual, pero 43 por ciento de la población ocupada percibía menos del salario mínimo. En la actualidad, esa tasa es de 6 por ciento, y está casi exclusivamente en las zonas más deprimidas del campo mexicano.
La segunda es que el salario mínimo es un referente de la relación entre capital y trabajo, mediado por el gobierno. Así como hace cuatro décadas estuvo inflado por instrucciones gubernamentales, en el gobierno de Miguel de la Madrid se le castigó por instrucciones del FMI y en la actualidad está deprimido por la indiferencia-debilidad de las organizaciones sindicales, por la inercia del laissez-faire y porque triunfó la idea —errónea— de que a estas alturas ya no importa, porque ya casi nadie lo percibe. El hecho es que mantenerlo bajo ha servido, en general, para contener los salarios contractuales, con los efectos de mala distribución del ingreso, escaso crecimiento de la demanda interna y estancamiento estabilizador que conocemos desde hace casi un lustro.
La tercera es que ahora el salario mínimo, por su estrechez, se ha convertido en una traba para la economía formal. Al menos una parte de los trabajadores informales lo son porque han rechazado empleos formales más productivos, pero peor pagados. Esto redunda en dos cosas: el estancamiento de la productividad (que va junto con una menor tasa de calificación en el empleo de la fuerza laboral) y el crecimiento relativo de la economía informal (con sus nocivos efectos fiscales y de desprotección social). Apostar a que crezcan primero la productividad y el empleo formal que los salarios es poner a los bueyes delante de la carreta.
En otras palabras, la propuesta de un aumento excepcional a los salarios mínimos es una buena idea económica, en el doble entendido de que no deberá afectar, en proporción siquiera cercana, los aumentos a los demás salarios (que se miden en lo fundamental, cada cual, de acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado ocupacional respectivo) y que no podrá ser ridículamente alto y, por tanto, ilusorio como en tiempos de Echeverría (y de su secretario del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo). Hablamos de un aumento prudente, con un suave efecto expansivo.
Sin embargo, me parece que lo que está detrás del movimiento en pro de los salarios mínimos que ha hecho el GDF es el embrión de una buena idea política. Tan es así, que el PAN capitalino se ha querido subir al camión con la propuesta de una consulta ciudadana sobre el tema (Me imagino: “¿Está usted de acuerdo con que le suban el salario, sí o no?”). Sí, el mismo PAN que permitió, a nivel federal, el deterioro máximo de los mínimos, valga el juego de palabras.
Esto nos lleva al otro tema que da nombre al Empedrado de esta semana: las encuestas electorales. Percibo cierto filo conductor.
Recientemente, Reforma publicó una tempranera encuesta preelectoral para el DF. Quisieron vender los resultados como grandes cambios en la opinión pública. En realidad había uno sólo, pero relevante. Lo que hay de notable es la aparición de un nuevo actor.
Veamos primero lo que no cambia: En 2012, AMLO tuvo 53% en el DF; en la encuesta, la suma de PRD, Morena, PT y Convergencia da 53%. En 2012, Peña Nieto tuvo 26% en el DF; de acuerdo con Reforma, el PRI tiene 20% y el PVEM 4% (no me explico por qué tantos brincos de alegría en el tricolor capitalino con la encuesta). Para terminar, Vázquez Mota obtuvo 14% en el DF, mismos que otorga al PAN la encuesta de marras. En otras palabras, cada quien mantiene, básicamente, las mismas simpatías.
Las cosas se ven distintas si comparamos los datos con los de la elección de Jefe de Gobierno. El efecto aglutinador de Mancera aparece completamente diluido: los votos que captó fuera del ámbito del PRD parecen haber sido efímeros y sólo resultado de la poca enjundia o mala calidad de sus contendientes.
Y se complica el asunto cuando se nota la dispersión de los votos otrora unificados de la izquierda: el PRD tiene entre 29 y 32%; Morena, entre 14 y 16%; el PT 6% y MC 4%. Para decirlo de otra manera: López Obrador tiene el potencial de quitarle la mitad del electorado capitalino al PRD.
La idea del aumento en los salarios mínimos puede muy bien entrar como bandera de la campaña electoral perredista, con base en la capital del país (de hecho “democracia y más salario” fue una de las primeras, del PSUM): significa tirarle un lazo a la parte del electorado tendencialmente lopezobradorista más interesada en asuntos caros a la izquierda que en la lógica del rencor contra todo. Por ahí es donde la veo, porque por ahí, el PRD vs. Morena, es por donde andará la campaña del 2015 en el DF.
El tema de los salarios mínimo vale por sí solo. Lo dicho: es una buena idea económica. Eso es lo sustantivo. Que tenga sus aristas político-electorales es adjetivo. Nada despreciable, por cierto.
