Para la arquidiócesis de San Luis Potosí el llamado caso Córdoba se cerró tras la sentencia dictada contra este personaje, al probarse su responsabilidad en la comisión de una acción de pederastia clerical y dictarse la sentencia correspondiente de acuerdo con el Código Canónico. El proceso judicial civil ahora está en manos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, advirtió el representante legal de la Iglesia potosina, Marco Antonio Luna Aguilar.
El sacerdote en función de representante legal de la arquidiócesis, al referirse a la existencia de demandas anónimas enderezadas contra Eduardo Córdova Bautista y otros religiosos acusados de incurrir en acciones de pedofilia, dijo que ni para las autoridades civiles, ni para las religiosas, las denuncias anónimas tienen efectos jurídicos.
Reconoció –como hizo el arzobispo–, que se han allegado denuncias de esta naturaleza, mismas que difieren de la figura de la reserva de la identidad del denunciante, por lo que carecen de relevancia y no aportan nuevos elementos para considerarse en el proceso judicial civil que se encuentra en marcha contra Córdova o contra cualquiera de los otros tres sacerdotes acusados penalmente.
No obstante, y tras señalar lo anterior, la arquidiócesis de San Luis Potosí se mantiene aún como parte actora en la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, contra Eduardo Córdova Bautista, por su presunta participación en el delito de violación agravada de un menor.
Luna Aguilar, en rueda de prensa, acompañado por el Vicario General Benjamín Moreno Aguirre, dijo que una vez que se interpuso la denuncia judicial, se aportaron elementos de prueba y se ratificó, el proceso queda en manos de la Procuraduría y de las instancias judiciales que correspondan.
Para la arquidiócesis, y en el marco del juicio canónico enderezado contra el ahora ex sacerdote, el caso está cerrado.
Respecto de los señalamientos que se formularán desde la sociedad civil a la Iglesia católica potosina y, concretamente a la curia de la arquidiócesis de San Luis, Luna Aguilar dijo que “ese juicio se lo dejamos nosotros a la opinión pública”.
Luna Aguilar recordó que las leyes mexicanas estipulan claramente la separación de la Iglesia y el Estado, por lo que la primera carece de injerencia en el área jurisdiccional del Estado, razón por la que, en tal sentido: “No tenemos (en la Iglesia) nada qué decir ni declarar a ese respecto”. Ello por las frecuentes acusaciones, a través de los medios de comunicación, formuladas por el Procurador, en cuanto a que el caso Córdova se mantiene estancado, por causa de que la arquidiócesis no ha aportado elementos para dar con su paradero.
La Arquidiócesis, dijo Luna, carece de atribuciones para realizar investigaciones judiciales y para detener a los señalados como presuntos delincuentes; estas son responsabilidades de las autoridades civiles. Subrayando así, una tajante ruptura.